El titular de la delegación Rosario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Carlos Vaudagna, reveló que ese organismo se convertirá desde el lunes en querellante en la causa donde se investiga una red delictiva dedicada a la falsificación de comprobantes de pago para luego vendérselas a empresas que las utilizaban para evadir impuestos y por la que hay cinco detenidos.

Por otra parte, Vaudagna indicó que el jueves se realizaron nuevos allanamientos en San Nicolás y que los procedimientos continuarán en las próximas horas en distintos puntos de la región. El titular de Afip Rosario comentó cómo operaba la organización y al respecto indicó que "se determinó en Buenos Aires que se creaban allá algunas empresas que eran adquiridas aquí en Rosario, se les asignaban nuevos directores y nuevos domicilios. Los miembros de estas sociedades eran personas insolventes que no tenían actividades comerciales. Al tiempo que empezamos a investigar y a entrevistar a estas personas empezamos a desatar la madeja y a ver que atrás de esto había una organización con el único objeto de vender facturas. Estas empresas habían sido creadas con el único objeto de crear créditos fiscales y gastos falsos. Jamás desarrollaron actividad, no tenían empleados, ni bienes de uso o instalaciones para desarrollar sus actividades".

"Cada uno de estos sujetos tenía, a su vez, una red de personas que le realizaban pedidos de facturas a través de mails, whatsapp, por llamadas telefónicas -abundó el funcionario del organismo. Esas personas estaban en la calle ofreciendo estos servicios ilegales. Hay empresas que para tributar menos impuestos tienen que reflejar en su contabilidad gastos y compras que no hicieron, para pagar menos IVA y Ganancias". Al ser consultado sobre si las empresas que compraban facturas "truchas" son de primera línea, Vaudagna explicó que "son 6.500 empresas en todo el país y más de 2.200 en Rosario y alrededores. Los rubros son de lo más variado. Hay productores agropecuarios, empresas de servicios, de transporte, algunas industrias. Otra de las características de estas empresas es que se inscribían con una variedad de rubros realmente increíble. Tenían anotados como 20 o 25 posibles actividades, desde venta de cubiertas, estaciones de servicio, publicidad, movimientos de suelo, cosechas. Era casi imposible que una empresa pudiera tener todas esas actividades en forma conjunta". Vaudagna desmenuzó cómo debería ser el trato tanto como para los que vendían facturas apócrifas como para los que compraban y al respecto indicó que "respecto de los usuarios, es decir estas 6.500 empresas que compraban créditos y gastos truchos, la ley penal tributaria establece límites de perjuicios sobre los cuales se realizan las denuncias penales y bajo los cuales termina siendo la infracción. Ese perjuicio es de 400 mil pesos. El último cálculo realizado era que 115 eran las empresas que iban a ser denunciadas penalmente por haber estafado al fisco en más de 400 mil pesos. Esas están identificadas. Pero ahora hay que recalcular. Además en los allanamientos encontramos muchísimos controladores fiscales que emitían tickets y factureras manuales. Eso estaba fuera del cálculo primigenio que hablamos de 2.500 millones de pesos en perjuicio del Estado". Cuando se le preguntó si esta era la investigación más importante en cuanto a evasión fiscal realizada en Rosario en los últimos tiempos, el titular de Afip señaló que "sí, es el operativo más trascendente que hemos hecho. El trabajo que nos queda es muchísimo e involucró a 150 inspectores en el procedimiento del otro día. Pero en lo que queda del año vamos a tener a más de la mitad de la gente de Afip abocada a determinar los impuestos que se evadieron".