El juez Claudio Bonadio ordenó la intervención de Los Sauces SA, la inmobiliaria de Cristina Kirchner investigada por falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, y de la Sucesión Néstor Kirchner, por un plazo de seis meses. Además, se solicitó que haya interventores informantes en Idea SA y Negocios Patagónicos (de Osvaldo Sanfelice, en las firmas del Grupo Austral de Lázaro Báez, y las del Grupo Indalo -de Cristóbal López-. Ambos empresarios K fueron los principales inquilinos de la inmobiliaria. Además, se pidió que Máximo Kirchner sea removido de la administración de la Sucesión.

La decisión se conoció después de un pedido de la UIF y de meses de analizar información que arrojó ​cuantiosas operaciones y movimientos de dinero cruzadas entre las firmas familiares, además "de una gran cantidad de irregularidades", indicaron fuentes judiciales a Clarín. La resolución de Bonadio remarca que hay una "gran cantidad" de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre "la familia Kirchner dueña de Los Sauces y las empresas del Grupo de Lázaro Báez y de Indalo, propiedad de Cristóbal López y del grupo de Osvaldo Sanfelice".

En este marco se solicitó que Los Sauces SA sea intervenida al igual que la Sucesión Néstor Kirchner que administra el diputado de La Cámpora. El plazo fijado es de seis meses. En este pedido se ordenaron interventores judiciales para administrar la Sucesión y detallar pagos, transacciones, y toda documentación que salga de la misma. 

También pidieron que Máximo Kirchner no continúe como administrador de la "Sucesión NCK" durante seis meses. En este caso, el interventor judicial deberá brindar a la Justicia información de todos los pagos realizados entre esta cuenta y la de Los Sauces SA, como también "la transferencia de pagos realizado a sus socios Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner" que a su vez, es gerenta de la inmobiliaria. También se pidió todos las operaciones de la Sucesión con empresas de Báez y Sanfelice. 

​Habrá otro interventor judicial en la inmobiliaria que tendrá la obligación de detallar todas las transferencias de la firma con empresas de los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, principales inquilinos. 

El pedido de intervención surge después de meses de analizar movimientos de dinero por sumas importantes que no tendrían "justificación comercial" y se busca determinar si efectivamente responden a una maniobra de lavado de dinero u otro ilícito. 

La resolución de Bonadio detalla diferencias importantes en los valores declarados y los reales en los inmuebles de Los Sauces SA, según el informe del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN). Tal es el caso de la casa de la ex Presidenta declarada en U$S 250.000 y su valor supera los U$S 570.000.  Después detalla el complejo de Alvear 391 (en Río Gallegos),  cuyo terreno Cristina Kirchner aportó a la empresa por $ 13.500, pero su valor real era de $ 821.300. Y luego de realizada la obra, el valor llegó a $ 1.466.012.

Algo similar ocurrió con el condominio de Moreno 882, que Néstor Kirchner aportó a la inmobiliaria, declarando que el terreno valía $ 13.500, cuando su costo real era de $ 752.000 y ascendió a $ 974.000 cuando concluyó su construcción, a cargo de Báez a quien le pagaron $ 1.478.158,62. 

Respecto al duplex y cinco cocheras de Madero Center que alquila Cristóbal López, el Magistrado señala que hay "superposición" de inquilinos, ya que el empresario K realizó pagos en 2009 por alquiler, cuando ocupaba el departamento una empresa que no le pertenece. Al margen de esto, indica que el valor locativo de mercado es inferior al valor abonado por esta empresa. A febrero de esto año por ejemplo, el Grupo Indalo pagaba  $ 484.375 cuando el TTN determino que el costo debería ser de $ 195.000.

Sobre el hotel La Aldea, ​la Justicia detectó que Valle Mitre (de Báez) hizo varios pagos a Los Sauces SA  "sin encontrarse contratos o documentación que demuestra el carácter de la relación entre estas sociedades". 

También se detalla un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) N° 100/2016 que muestra diversos movimientos de dinero entre la Sucesión NCK, administrada por Máximo Kirchner, y Los Sauces SA. Se trata de $ 3.250.000 y $ 450.000 que fueron movidos desde dos cuentas que la firma inmobiliaria tiene en el Banco Santa Cruz y en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, y que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas de Florencia Kirchner”, tiene en el Banco Galicia donde le encontraron U$S 5 millones y que Bonadio pidió que se embarguen.

Todo esto impulsó la intervención de Los Sauces y la Sucesión NCK, además de la relación comercial con Báez, López y Sanfelice, a la que el Magistrado la define como un "enjambre societario" que conduce "a la confusión económica y jurídica" de la mayoría de los patrimonios "y que podrían demostrar un lavado de activos de origen ilícito". Por eso ordenó interventores informantes en el Grupo Austral y en el Grupo Indalo y las empresas del ex socio de Máximo. 

¿Qué analizó el Juez? Que el dinero que ingresaba a la cuenta de la sucesión, como de la inmobiliaria, proviene en parte de los 93 cheques por $ 2.8 millones que Martín Báez firmó, como apoderado de Loscalzos y Del Curto (con quien la inmobiliaria declaró tener deudas). Además, Austral Construcciones construyó dos complejos de departamentos de Los Sauces y después los alquiló. El juez Bonadio pidió que el Grupo tenga un interventor informante. La firma ya tiene veedores en la Ruta del Dinero K.

Cristóbal López, investigado por defraudación al Estado por no pagar $ 8.000 millones al fisco, es otro inquilino de la firma. Tiene contrato hasta marzo de 2017 por dos departamentos en Madero Center. Por estas oficinas dos de sus empresas (Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S) transfieren cheques en dólares a Los Sauces SA cada mes (por unos U$S 10.000 promedio). Sobre el Grupo Indalo también se pidió que haya interventores informante. El holding ya tiene veedores por otra causa judicial. 

Otra persona clave imputada en la causa es Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. Se pidió que IDEA SA con la que gerencia tres hoteles de la ex Presidenta, tenga un interventor informante igual que Negocios Patagónicos, ​firma que compró el chalet donde vive Cristina Kirchner, por $ 200.000 y se lo vendió a Los Sauces por U$S 250.000. La maniobra es investigada por la UIF como presunto lavado de dinero.