El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, solicitó que durante las audiencias públicas que se realizarán para determinar las nuevas tarifas de agua potable y energía eléctrica en la provincia se contemplen los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad determinados por la Corte Suprema de la Nación. Además, consideró que el aumento propuesto por Aguas Santafesinas SA "no reúne los requisitos que deben observarse insoslayablemente en estos casos", por lo que pidió que esta situación se revea y el incremento sea "disminuido".

Lamberto celebró que se realicen audiencias públicas para determinar el nuevo valor de la tarifas y resaltó que éstas "no deben ser una mera formalidad, sino que la Corte Suprema, en el fallo Cepi (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros, contra Ministerio de Energía y Minería, según Amparo Colectivo), ha manifestado las distintas etapas por las cuales se deben transcurrir, expresando que la audiencia pública debe proporcionar a los usuarios información adecuada, veraz e imparcial, permitir la deliberación de todos los sectores interesados y, por último, que la autoridad considere las opiniones y argumentaciones vertidas en la audiencia al momento de la resolución final".

El Defensor del Pueblo anticipó que estará presente en la audiencia por el servicio de agua potable, en tanto que el Defensor del Pueblo Adjunto para la Zona Norte, Luciano Leiva, lo hará en la de energía eléctrica.

En ese marco, señaló: "La posición que tenemos es la que vienen sosteniendo los Defensores del Pueblo de todo el país, de que las tarifas deben ser proporcionales, progresivas y razonables, que garanticen el acceso universal mediante tarifas accesibles, debiéndose tener en cuenta que el usuario es uno solo y debe afrontar el pago de todos los servicios esenciales, con los ajustes de tarifas ya aplicados y los programados para el año 2017".

En el caso de la readecuación tarifaria propuesta por Assa, Lamberto consideró que el aumento de más del 89 por ciento que solicita la empresa "no reúne los requisitos de gradualidad y proporcionalidad que deben observarse insoslayablemente en estos casos y por ello debe ser disminuido".

Futuro. El Ombudsman también evaluó que los aumentos de las tarifas deben contemplar "los futuros ingresos de los trabajadores y, en su caso, los eventuales aumentos en los costos de vida".

En ese sentido, pidió contemplar que "hay aumentos que se combinan". "Por ejemplo, la EPE tiene los precios de Cammesa, que es la mayorista, más los mayores costos que se generan en el orden provincial. Pero el que paga es uno solo y nosotros como Defensores del Pueblo tenemos la obligación de defender a los usuarios ante esta situación", agregó.

Asimismo, solicitó que en la audiencia pública convocada por el Enress se analice la implementación de "un sistema de tarifa social acorde al existente para los servicios de gas natural por red y energía eléctrica, de modo tal que aquellos usuarios que se encuentren dentro de ciertos criterios objetivos de inclusión accedan al servicio mediante el pago de una tarifa diferencial que resulte accesible".

Se vienen las audiencias

La semana próxima será clave en la definición de aumentos de tarifas en los servicios de agua y energía eléctrica. En tal sentido, ya están fijadas audiencias públicas para abordar las solicitudes de incremento que pidieron las empresas. En el caso del agua, que pide una recomposición cercana al 90 %, la audiencia será el martes próximo. Para la EPE, en tanto, con una suba del 37% ya solicitada, la audiencia será el viernes 25.