El juez federal Sebastián Ramos procesó al exministro de Planificación Julio De Vido y al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, por presuntas irregularidades en la renegociación de la concesión de los servicios ferroviarios. El magistrado adjudicó a ambos exfuncionarios los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública". Tanto De Vido como Jaime tuvieron, además, embargos del orden de los 500 millones de pesos. En la investigación judicial quedó demostrado que Jaime nunca convocó -mientras fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009- a la renegociación de los contratos de la explotación de los ferrocarriles como correspondía hacer. El ex secretario, actualmente preso por orden del juez Julián Ercolini, no designó los equipos técnicos de la secretaría de Transporte para que colaboraran con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) que revisó los convenios de los sectores privatizados de la economía. Esa Unidad, con otro nombre, fue creada en medio de la emergencia económica en 2002 y reformulada en 2003 con su nueva denominación. A partir de llegada en 2003 de Néstor Kirchner a la Casa Rosada se renegociaron varios contratos de sectores privatizados de la economía. Pero jamás sucedió con las concesiones ferroviarias de transporte de pasajeros. Fue Jaime quien, según la investigación, nunca integró los equipos que la UNIREN le solicitó para reformular los contratos ferroviarios. Cuando declaró en indagatoria, Jaime señaló que la responsabilidad de aquella renegociación era de Julio De Vido. Según fuentes judiciales, Jaime citó la Ley 26.352 del año 2008 por la que se crearon la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) . Los investigadores judiciales sostuvieron que al no haberse renegociado los contratos, se abrió una etapa de discrecionalidad en la asignación de los millonarios subsidios al transporte, de laxitud en el control de las concesionarias, de falta de ejecución de las penalidades que debían sufrir las empresas cuando incumplían las normas y de otorgamiento de contratos de obras sin licitación. Todo eso sucedió durante la época en que Jaime -según se comprobó judicialmente- se hizo rico a costa de los negociados en el área de Transporte.