La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, medida que deberá ser sometida ahora a votación en el Senado.

Los partidarios del proceso contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) reunieron 367 votos sobre un total de 513 legisladores para que la acción avance a la Cámara Alta, mientras que 137 la rechazaron.

La acción quedó en manos ahora del Senado, donde será creada una comisión especial que en 10 días como máximo emitirá un dictamen respecto a la recomendación de los diputados.

Luego, el fallo de la comisión será votado en el plenario del Senado, donde bastan 41 votos, sobre un total de 81 legisladores, para que se abra definitivamente el juicio político contra Rousseff.

A partir de ese momento, la presidenta sería alejada del cargo y asumiría en forma interina el vicepresidente, Michel Temer.

De celebrarse, el juicio tendrá un plazo máximo de 180 días. En la votación final, que será presidida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, se necesitan 54 votos, que equivalen a dos tercios del Senado, para que la presidenta sea condenada.

Si por el contrario, no se llega a esos votos, Rousseff será absuelta y reanudará en forma inmediata sus funciones al frente del Gobierno nacional.

Luego de más de 40 horas de un debate que se inició el viernes, los legisladores de la Cámara baja del Congreso comenzaron a votar uno a uno la tarde de ayer la culminación de meses de tironeos políticos que exhibieron la profunda división en la nación más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.

El presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien encabeza el movimiento de juicio político, llamó uno a uno a los otros 512 diputados, dándoles tiempo para hablar antes de votar. Luego de cada voto se escucharon aplausos y abucheos, mientras los legisladores veían la pizarra con el conteo de sufragios.

Simone Morgado, miembro del partido Movimiento Demócrata Brasileño, dijo que quienes proponen el juicio político intentan derrocar a una presidenta electa democráticamente. "Dado que Dilma no cometió ningún delito, como muchos en esta Cámara, que no tienen vergüenza, voto que ¡no!", dijo.

La sesión extraordinaria es la conclusión de meses de pugnas, que prácticamente han paralizado al gobierno y dividido al país, en que los dos bandos intercambiaban acusaciones de "golpistas" y "ladrones".

Afuera de la legislatura, oleadas de manifestantes a favor y en contra del juicio político de lanzaron hacia la capital, Brasilia, provenientes de todo el país. Un muro de metal de más de un kilómetro de extensión fue instalado a fin de mantener a los dos grupos separados por seguridad.

Patricia Santos, una maestra jubilada de 52 años, se presentó afuera del Congreso y dijo que estaba molesta con el status quo y quiere la salida de Rousseff. "Queremos que nuestros políticos sean menos corruptos, así que esperamos que al llevarla a juicio político enviemos una señal a todos ellos", afirmó Santos. "Sabemos que todos los partidos están involucrados en la corrupción pero el Partido de los Trabajadores (en el poder) ha encabezado esto durante 13 años, así que deben irse".

Miles se unieron a las manifestaciones, a favor y en contra del gobierno, en otras ciudades del país. En la playa Copacabana de Río de Janeiro, miles de personas a favor del gobierno se manifestaron en medio de fuerte música que sonaba en las bocinas de un camión.

En discursos de los líderes de los 25 partidos en la Cámara de Diputados, los legisladores se mostraron a favor del juicio político, como un necesario nuevo inicio para Brasil, y hubo quienes también lo criticaron, diciendo que era una usurpación ilegal del poder.

"Brasil está sumergido en graves crisis políticas, éticas y sociales", dijo Fernando Coelho Filho, representante del estado nororiental de Pernambuco. "Le tengo mucho respeto a la presidencia, pero ha perdido autoridad y credibilidad para encabezar siquiera un mínimo esfuerzo para sacar al país de esta situación", afirmó.

Daniel Almeida, representante del estado de Bahía, estuvo de acuerdo en que el país está sumido en varias crisis, pero insistió en que el juicio político no es la solución. "¿A través de un gobierno ilegítimo, sin votos? ¿Esa es la salida?", le preguntó a los demás legisladores'.

La presidenta de Brasil afronta el juicio político por las acusaciones de que incumplió las normas fiscales. Sus detractores describen una contabilidad de prestidigitadora que pretendía frenar un descenso de popularidad de su gobierno, en medio de una economía en crisis y con un escándalo de corrupción tan grande que ha golpeado a figuras políticas de todo el espectro político, así como a algunos de los empresarios más ricos del país.

Dilma se defiende. Rousseff niega cualquier mala práctica y afirma que presidentes anteriores han utilizado técnicas de contabilidad similares. Las acusaciones, afirma, forman parte de un "golpe de Estado" liderado por la elite tradicional de Brasil para arrebatar el poder al izquierdista Partido de los Trabajadores, que ha gobernado el país durante los últimos 13 años.

Muchas de las personas que buscan la salida de Rousseff también enfrentan acusaciones de irregularidades. Cerca del 60 por ciento de los 594 miembros del Congreso enfrentan acusaciones de corrupción y otros cargos.

Temer, de 75 años y miembro del movimiento Democrático Brasileño —un partido que carece de una ideología concreta y con una reputación de regateo entre bastidores— ha intentado presentarse como un estadista por encima de las disputas, una figura de unidad que puede sanar al país.

Sin embargo, se le ha relacionado con la enorme red de corrupción centrada en la estatal petrolera Petrobras. Además, como firmó algunas de las maniobras contables en disputa, Temer podría terminar afrontando un proceso de juicio político en su contra.

El segundo en la línea de sucesión de Rousseff es Cunha, quien afronta acusaciones de lavado de dinero y otros cargos por supuestamente aceptar unos cinco millones de dólares en sobornos en relación con el escándalo de Petrobras, y también podría verse despojado de su mandato por las acusaciones de que mintió a un comité del Congreso cuando dijo que no tenía cuentas bancarias en el extranjero. Más tarde aparecieron documentos que los vinculaban a él y a su familia con cuentas en Suiza.