En Rosario aún quedan 150 corredores que “ejercen de forma ilegal”, según datos que entregan desde el Colegio que agrupa a las inmobiliarias de la ciudad. El titular de esa institución, Javier Grandinetti, pidió a quienes vayan a realizar una transacción e inquilinos revisar el listado de los operadores matriculados antes de realizar la operación, y se quejó por el supuesto retraso del municipio a la hora de inspeccionar a las firmas que no están habilitadas. Igual, admitió que no sólo las denuncias de inquilinos por situaciones abusivas se dan con los intermediarios no inscriptos, sino que en el tribunal de ética interno han recibido varias presentaciones.

El conflicto interno entre los inmobiliarios surgió con la aparición del Colegio de Corredores santafesino, órgano en el que deben estar registradas las empresas del sector y encargado de investigar a las “truchas” y denunciarlas.

La sanción de la norma que habilitó la creación de esa institución se dio en la Legislatura provincial a principios de 2011. Esa ley establece en uno de sus artículos más importantes que “los particulares o sociedades que tengan por objeto el corretaje” deberán contar con un particular matriculado que será el responsable en términos legales.

Para eso el Colegio comenzó a exigir a los operadores el título de corredor inmobiliario.

En tanto, como antes de la sanción de la ley no era necesario contar con esa certificación, también se empezó a notificar en 2012 a quienes desde hace tiempo ejercen la profesión de “oficio” que deberían sortear ciertas evaluaciones con exámenes vinculados con su actividad para seguir legalmente en el rubro.

A fines de 2013 el Concejo Municipal aprobó la adhesión en la ciudad a la ley provincial, lo que implicó que las inmobiliarias tuvieran que reempadronarse en el municipio para contar con la correspondiente habilitación para funcionar bajo ese rubro.

La ordenanza que avaló el Palacio Vasallo entró en vigencia en noviembre del año pasado.

Según Grandinetti, el Colegio ya le envió a la Dirección de Inspección de Comercio y Servicios local el listado de las 150 inmobiliarias que aún no están adheridas a la institución para que “se proceda a su clausura” o “establezcan las sanciones que correspondan”. Sin embargo, nada ha pasado aún. “Estamos esperando todavía que el municipio empiece a actuar”, sostuvo el dirigente patronal.

Fuentes de esa repartición admitieron que recibieron el listado y están retrasados con los controles, pero prometen poner a raya la situación en breve. “Lo que sucede también es que nosotros tenemos que controlar a las empresas de toda la ciudad. Entendemos el apuro del Colegio de Corredores, pero no son los únicos a los que debemos nuestro trabajo”, confió una fuente de la Dirección de Inspecciones.

Desde antes y paralelamente, el Colegio fue avanzando judicialmente en los casos más extremos y complejos. Eso incluye a las inmobiliarias que nunca mostraron interés en regularizar su situación, cuestionaron desde un principio la creación del Colegio y siguen operando a pesar de ser “invitados” en varias ocasiones a adecuarse a la ley.

Grandinetti dijo que la entidad ya realizó 32 denuncias penales contra esos intermediarios por “ejercicio ilegal de la profesión”.

“Uno de los problemas está en que en estos sectores que operan ilegalmente es donde más denuncias hay”, apuntó.

El dirigente alertó así a quienes vayan a realizar una operación para que consulten en el sitio web de la institución (cosir.org.ar) el listado oficial de firmas habilitadas.

“Si alguien que no está en la lista quiere cobrar por una operación no hay que pagarle. A esa persona no se le debe un peso. Ante cualquier situación de presión hay que hacer la denuncia en el Colegio o directamente en la Justicia”, señaló.

Sin embargo, los casos de mala praxis no sólo se dan con los operadores que no están matriculados. Desde el Colegio admiten que en los últimos tres años el tribunal de ética interno sancionó (en la mayoría de los casos con multas) a 24 intermediarios tras la denuncia de compradores, consorcistas o inquilinos.

“Tuvimos un caso grave de un operador que se quedó con una reserva. Pero ese fue el único. Otros hechos fueron por publicidad engañosa. En definitiva, todos tienen que ver con un mal desempeño profesional”, sostuvo Grandinetti.

Consumidores

En tanto, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina Municipal del Consumidor, confrontó parte del relato de Grandinetti y cuestionó el proceder que en muchos casos lleva adelante el Colegio de Corredores.

“No es cierto que la mayoría de las denuncias caigan sobre las inmobiliarias no inscriptas. Nosotros recibimos quejas sobre todas: sobres las que están en el Colegio y sobre las que no. Además, hemos enviado personas a que fueran a hacer sus denuncias al tribunal de ética en casos donde un intermediario actuó mal y allí las han desestimado. En general corren a la gente. No suelen tomarlas”, manifestó.

En estos primeros seis meses del año se realizaron unas 660 denuncias en el Consejo Asesor de personas que tuvieron algún tipo de inconvenientes en la propiedad que habitan. De ese total, el 80 por ciento son contra inmobiliarias y están vinculadas a “problemas con los alquileres”. El restante 20 por ciento involucra a los dueños de la vivienda, administradores de edificios o estudios contables, entre otros.

La presentación más usual, señaló D’Orazio, es cobrar expensas extraordinarias a los inquilinos, cuestión que por normativas vigentes corresponde a propietarios. “Lo que hacen muchas inmobiliarias es trasladarle esa responsabilidad a los que alquilan. Eso se da en el marco de contratos redactados por los intermediarios que en el 90 por ciento de los casos se perjudica al inquilino”, señaló.

También son habituales las quejas por el traslado de la responsabilidad a los inquilinos de los arreglos estructurales (que también corresponde a propietarios), el pago de intereses usurarios por el atraso en el abono de los alquileres y la falta de respuesta y atención ante las interrupciones del servicio de gas.

El negocio de fondo

La regulación que intenta llevar adelante el Colegio se enmarca en la disputa que existe por un negocio que se desarrolló con fuerza en la última década en la ciudad. El crecimiento de la construcción en Rosario llevó de la mano al corretaje. Según se desprende de datos del Colegio de Escribanos local, el año pasado se comercializaron, en promedio, unos 1.500 inmuebles por mes. A pesar de que la actividad ha descendido en los últimos tiempos, el inmobiliario sigue siendo un gran negocio. Las comisiones que se cobran por esas ventas y mes a mes con cada contrato de alquiler generan grandes dividendos.