Fiscales y defensores llegaron a un acuerdo para imponer condenas en un juicio abreviado a quienes en su momento fueron detenidos y procesados como principales miembros de Banda de Los Monos. La causa principal sobre la que se basa el entendimiento es la que atribuye al grupo ser una asociación ilícita integrada por civiles y policías dedicada a cometer actos violentos con fines económicos, con delitos que abarcan amenazas, acopio de armas, extorsiones y homicidios, además de venta de drogas. La pena máxima acordada se le impone a Ariel Máximo "Guille" Cantero, acusado como líder de la asociación ilícita, quien recibirá en virtud de este convenio de partes nueve años de prisión. Desde allí se establecen penas de prisión efectiva, aunque más bajas, para los demás miembros.

El acuerdo será rubricado en los próximos días, señalaron  sus celebrantes. La base del trato es el expediente que investigó en su mayor parte el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna, la causa 913/12, que se basa en la idea de que los 39 procesados integraban, con distintos roles, una organización de violencia sistemática a los fines de provocar y usufructuar un territorio liberado.

El acuerdo incluye a 18 personas que son el núcleo parental de los Cantero y algunos de sus principales allegados. De ellas 14 recibirán condena y cuatro deberán cumplir una pena sustitutiva o probation. Otras 17 personas, mayormente personal de fuerzas de seguridad, fueron enviadas en febrero a juicio escrito, donde intentarán demostrar su inocencia. Es que lo distintivo del juicio abreviado es la confesión de culpa del acusado a cambio de penas atenuadas.

Condición. Como condición del acuerdo, planteada por las defensas, estuvo la modificación de la acusación a Guille Cantero en otra causa, investigada por la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas: el asesinato de Diego Demarre, ocurrido en Maipú y Seguí el 27 de mayo de 2013, el día posterior al crimen de Claudio "Pájaro" Cantero.

Hace once meses Rodenas procesó a Guille como autor de homicidio agravado, delito que prevé prisión perpetua, al considerar que acribilló a Demarre para vengar el crimen de su hermano. En el acuerdo para fijar pena a Guille se cambia la figura acusatoria: de ser considerado autor del crimen pasa a ser partícipe secundario. El reproche queda en nueve años: cinco por la causa de la asociación ilícita y cuatro por la enmendada condición de partícipe del crimen de Demarre.

Este movimiento generó en Tribunales un debate más allá de las partes, con discrepancias entre auspiciantes y detractores. Unos defienden la idea de que no hay impunidad porque hay condenas y otros entienden que se renuncia sin explicación a acusar a Guille como autor de un crimen brutal que está sostenido en muy buena evidencia.

Acordados. Entre los que ingresan a este esquema están Celestina Contreras, madre de Guille y Pájaro; el operador financiero del grupo, Mariano Ruiz, su pareja Natalia Schneider y su hermano Agustín. La pareja de Guille, Vanesa Barrios, y la del prófugo Ramón "Monchi Cantero" Machuca, Silvana Gorosito. También tres hombres ligados a la administración de bunkers: Leandro Vilches, Jorge Emanuel Chamorro y Angel "Pibu" Villa. Ingresa también con una condena de tres años y medio el recientemente procesado Juan Domingo Ramírez, protagonista en enero de 2014 una oscura evasión de la oficina de la División Judicial de la Jefatura.

El acuerdo alcanza a dos efectivos de fuerza de seguridad: el policía Juan "Chavo" Maciel, captado en escuchas facilitando al grupo información que le asegurara impunidad, y el suboficial de Prefectura Roberto Mario Otaduy, acusado de facilitamiento de información.

De parte de la acusación, el acuerdo está avalado por los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Mariano Ríos, bajo las instrucciones de los fiscales de Cámara Guillermo Camporini y Cristina Rubiolo. En tanto, por las defensas intervienen Carlos Varela, Adrián Martínez, Fausto Yrure, Jorge Bedouret y Luis Tomasevich. Mañana los que aceptan condenas serán llevados a Tribunales para poner sus firmas en el acuerdo.

Los fiscales ponderan el lado positivo del acuerdo abreviado reseñando que no hay impunidad: se imponen condenas a actores recurrentes de un grupo señalado por acciones violentas que por años  asoló Rosario. Destacan que la confesión de los delitos tendrá una repercusión incómoda en quienes van a juicio escrito dado que tendrán que demostrar que no están conectados con quienes sí aceptan su culpa. Remarcan además que el Estado incorpora bienes inmuebles y muebles embargados durante el trámite penal. El inventario inicial señala doce inmuebles y unos 80 vehículos entre autos de alta gama, comunes, camionetas, motocicletas y motos de agua.

Pero para otros este acuerdo supone un alto costo. La fiscal que acusó a Cantero como autor del crimen de Demarre, Cristina Herrera, pidió licencia. Este diario pudo saber que lo hizo por no acordar con la condición de renunciar a requerir el juicio de Guille como el asesino de Demarre —lo que hizo en la instrucción— o reformular la acusación con una figura más benigna.

Eso es lo que sucederá para garantizar el abreviado. En lugar de Herrera, la Corte Suprema nombró a un fiscal subrogante que estará menos de un mes: el ex secretario del juzgado de Instrucción 5 Mariano Ríos, quien prácticamente llega para suscribir el acuerdo y se va, dado que está aprobado como fiscal del nuevo sistema.

Funcionarios que trabajaron en la causa Demarre coincidieron en que la prueba contra el líder de Los Monos es abrumadora. Y no fue sólo la fiscal Herrera sino también la jueza Rodenas, quien procesó a Guille por homicidio calificado. Paradójicamente a la misma magistrada que determinó eso le tocará remitir a sentencia ese mismo caso pero con una acusación muy distinta.

Una vez que las partes firmen el encargado de homologar el abreviado será el juez de Sentencia Julio César García.

Cierre. Se insinúa así el cierre de lo que fue, según el Poder Judicial y el Ejecutivo, la persecución a la banda delictiva más importante de Rosario en los últimos años. El caso incluyó el cuestionamiento abierto a la sección policial que hizo la mayor parte de los operativos —la División Judicial— y del propio Vienna, con proceso abierto en la Corte Suprema por su conducta.

Vienna no aclaró lo que originó la causa de asociación ilícita: el crimen de Martín Paz, el 8 de septiembre de 2012. Pero su investigación encontró fue convalidada por los camaristas Rubén Jukic y Daniel Acosta.

Los resultados de este procedimiento fueron y serán motivo de una polémica quizá de resolución imposible. La fijación de penas elimina la discusión sobre la impunidad de este grupo que, según las escuchas que obran en los Tribunales donde se firmará el acuerdo, sigue activa en el tipo de negocios que llevó a sus miembros a ser acusados.