A un año y medio de la tragedia de calle Salta 2141, la Corte Suprema de Justicia provincial tiene a la firma la resolución de un pedido clave para el futuro de la causa penal. Los seis ministros del máximo tribunal deben resolver si aceptan o rechazan un recurso de inconstitucionalidad presentado por los procesados que tiene el expediente por su responsabilidad en la explosión que dejó 22 muertos y cuantiosos daños materiales. Una vez resuelto el planteo, quedará allanado el camino para fijarle fecha al inicio del juicio. Los familiares de las víctimas pretenden que sea durante 2015.

Este viernes, al cumplirse 18 meses de la peor tragedia de la historia de Rosario, los familiares de las víctimas volverán a reclamar "verdad y justicia" e insistirán con el planteo de expropiación del terreno donde se levantaban las tres torres colapsadas.

Además le solicitarán a la Corte que acelere su resolución respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por los procesados, para allanar el camino de cara al inicio del juicio.

Fuentes judiciales señalaron a La Capital que el expediente está a consideración de los ministros del máximo tribunal desde el 23 de diciembre pasado, luego de haber pasado por las necesarias instancias establecidas en la ley, entre ellas el estudio y dictamen de la Procuración General de la Corte.

"El expediente no está cajoneado ni mucho menos. Llegó a la Corte a fin de diciembre, después vino un mes de feria y ahora los ministros están estudiando su voto y en breve habrá novedades", confió un operador judicial.

El recurso de inconstitucionalidad llegó a los supremos después que en mayo, la Cámara Penal, a través del juez de la Sala III, Guillermo Llaudet, rechazó la apelación de los once procesamientos.

En su resolución, el camarista consideró inadmisible el planteo de revocar el procesamiento por estrago culposo agravado al no estar ninguno de los imputados privados de su libertad. Pero habilitó el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, para que el máximo tribunal se pronuncie.

Los procesamientos fueron dictados en febrero de 2014 por la jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta. Alcanzó a el gasista Carlos García, quien estuvo detenido y manipuló el regulador de gas el día que se produjo la fuga, también su ayudante, Pablo Miño y otro gasista, José Allala, quien trabajó once días antes del hecho y admitió que realizó reparaciones sobre el regulador.

La Justicia encontró pruebas para determinar que fallaron los controles sobre la red de gas del condominio, acusación que recayó sobre Litoral Gas en las personas de los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe de estos, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica, Viviana Leegstra.

Por reclamos previos de los vecinos respecto a fallas en la red de gas también fueron procesados los encargados de administrar el inmueble: Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

"Esperemos que la Corte resuelva pronto el recurso de inconstitucionalidad, que no se dilaten los tiempos y que en poco tiempo se le pueda poner fecha al inicio del juicio", señaló Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco, una de las 22 víctimas fatales.

Nissoria fue más allá y planteó: "Nuestra intención es que la fecha del juicio se conozca este año y arranque lo antes posible. Sería un juicio escrito, no oral, porque corresponde al viejo sistema penal, donde aspiramos a que se castigue a los responsables de las muertes de nuestros familiares, que todavía no descansan en paz".