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Subsidios al transporte: ¿federalismo o centralismo?
Una "megamaniobra de encubrimiento". Así define el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, la estrategia presidencial para evitar que las causas de lavado y evasión alcancen al empresario K, Lázaro Báez. La denuncia involucra a la presidenta Cristina Kirchner, al santacruceño y al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La denuncia había sido presentada por los diputados del PRO, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso. Moldes analizó el expediente sobre la empresa de la Presidenta, Hotesur, que investiga el juez Claudio Bonadio, una causa por facturas truchas supuestamente usadas por empresas de Báez que investiga la Justicia de Bahía Blanca, otra similar que investiga el juez Javier López Biscayart y el caso por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista del juez Sebastián Casanello, según informó La Nación.
"Evidentemente, alguien con gran poder de decisión debe impartir las órdenes (tan celosamente obedecidas) para que estos acontecimientos se repitan alegremente y la cubierta protectora de Báez y su conglomerado no se agriete", describió Moldes.
"Tras casi tres meses de ininterrumpido trabajo, esta encuesta me permite, con el grado de provisoriedad que la situación impone, suscribir la hipótesis de que existen indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen chanchullos de Báez, ya sea mediante la sobrefacturación de la obra pública, la evasión fiscal o el uso de documentación ficticia, por no hablar de las operaciones, aún más inexplicables, como el escandaloso pago de alojamientos no usufructuados en determinadas cadenas hoteleras", concluyó.
La denuncia de Moldes fue sorteada en la Cámara Federal y cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que durante la feria judicial es atendido por su colega Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal que se hará cargo de la causa es Guillermo Marijuan, que por lo que resta del verano es reemplazado por su colega Gerardo Pollicita.
Señaló que las actividades criminales investigadas "podrían constituir el famoso delito precedente, cuya indefinición conspira contra el éxito de las causas de lavado de dinero que investigan jueces de la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, y hasta que no tengamos noticias de una resolución definitiva, Suiza".