Finalmente el Gobierno hizo pública parte de la estrategia que adoptará en los tribunales de los Estados Unidos para cumplir con la sentencia que obliga a pagarles el 100% de la deuda a determinados grupos de acreedores que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

  El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que los abogados del Estado argentino pedirán una "medida suspensiva" de la ejecución de la sentencia con el objetivo de poder cumplir con los vencimientos del 30 de junio para los bonistas que sí ingresaron al canje sin riesgo de que los fondos sean embargados.   Paralelamente, el Gobierno pretende abrir un canal de diálogo con los holdouts beneficiados por la sentencia de la Justicia norteamericana para poder cumplir con el fallo y cerrar una controversia que se inició en 2001, con la declaración del default.  

"Lo que pedimos es una suspensión para abrir un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales, sin incumplir los compromisos de la Argentina con los bonistas de la reestructuración (de deuda)", explicó Kicillof en la breve conferencia de prensa que dio en el entretiempo de los partidos Holanda-Chile y Australia-España.

Señaló además que, para el Gobierno, es "esencial" que el magistrado norteamericano haga lugar al recurso presentado para que el país pueda negociar con sus acreedores sin por eso incumplir con el pago que debe realizar el 30 de junio. Días atrás, Griesa había ordenado a todos los bancos de los EEUU embargar el dinero que la Argentina depositara para pagar a los bonistas hasta tanto hubiesen cobrado los acreedores beneficiados por el fallo.

El escrito (o "stay", según su denominación en inglés) será presentado esta tarde por los abogados argentinos. En la conferencia de prensa se entregó una versión del documento en español, pero aún la misma no se hizo pública.

Días atrás el propio Palacio de Hacienda había indicado que con las condiciones actuales no puede cumplir con el pago de deuda que vence a fines de junio. Sucede que los holdouts están habilitados a pedir el embargo de los fondos hasta tanto la Argentina cumpla con la sentencia de Griesa.

Una vez más, Kicillof recordó que es la propia ley argentina la que impide al gobierno nacional "pagar a los fondos que no entraron a la reestructuración más de lo que a los que sí lo hicieron". En caso de hacerlo, la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) obliga al Estado argentino a pagar a todos sus acreedores el equivalente a la mejor oferta que haya recibido uno de ellos.

Fuente: Infobae