Ante el deterioro creciente del poder adquisitivo de los adultos mayores y las dificultades que enfrentan para cubrir gastos básicos como movilidad, atención médica y trámites esenciales, impulsan en el Concejo un proyecto para actualizar la normativa vigente y ampliar el acceso al transporte urbano gratuito para jubilados y pensionados.

La iniciativa de los ediles Leonardo Caruana, Norma López y Mariano Romero surge tras reiterados pedidos de organizaciones sociales y entidades de adultos mayores, que advierten que miles de personas dependen del colectivo para asistir a controles de salud, retirar medicamentos, realizar trámites previsionales o mantener una vida social activa, pero hoy deben restringir su movilidad por falta de recursos.

Beneficio desactualizado

La ordenanza actual -que fija la gratuidad para mayores de 69 años y con ingresos equivalentes a la jubilación mínima- fue modificándose en el tiempo según distintos criterios de acceso: desde topes vinculados a la Prestación Básica Universal, luego a la Canasta Básica, y actualmente a la jubilación mínima según la movilidad previsional.

Sin embargo, el congelamiento de bonos extraordinarios, la pérdida real en los haberes, el aumento de tarifas y la suba constante de la canasta alimentaria dejaron a miles de jubilados por fuera del beneficio, aun cuando sus ingresos resultan insuficientes para cubrir necesidades esenciales. A esto se suma que la tarjeta SUBE solo reconoce un 55% de descuento para jubilados nacionales y no contempla a quienes aportan a cajas provinciales profesionales.

El proyecto

La iniciativa plantea priorizar no la edad, sino la condición de jubilado o pensionado. El texto propone modificar el artículo 49 de la ordenanza para que el beneficio alcance a personas mayores de 60 años que sean jubiladas o pensionadas, con ingresos no superiores a tres haberes mínimos establecidos por las distintas cajas previsionales, incluyendo el bono extraordinario si corresponde.

El beneficio sería de hasta 40 viajes mensuales, similar al esquema que ya funciona en ciudades como Córdoba. Asimismo, mantiene restricciones patrimoniales -no podrán acceder personas con más de una propiedad o más de un vehículo- aunque se prevén excepciones para casos sociales.

El texto advierte que la crisis actual está obligando a muchos jubilados a limitar consultas médicas, estudios diagnósticos y actividades cotidianas simplemente porque no pueden pagar el boleto. En algunos casos, incluso deben priorizar medicamentos por sobre la movilidad.