Más de 100 organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad en Rosario atraviesan una crisis económica profunda que, según sus representantes, pone en riesgo la continuidad de la atención y el trabajo de miles de profesionales. Esta semana, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) presentó un reclamo formal ante el Concejo Municipal, donde solicitaron medidas para “aliviar la situación desesperante y agónica” del sector.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, encabezó la exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo y denunció que la falta de actualización de aranceles -con un último aumento autorizado de apenas el 0,5%- hace imposible sostener los dispositivos de atención, pagar sueldos o incluso afrontar gastos básicos como el alquiler de los espacios o el combustible para el traslado de personas usuarias.

“El sistema está colapsando. Hay instituciones que ya cerraron, otras que están por cerrar y muchas que solo llegarán a diciembre por compromiso con sus usuarios”, advirtió Chapero. “Estamos en una situación en la que ya no se pueden cubrir honorarios, ni garantizar el transporte ni sostener al personal. Hay instituciones que incluso se endeudaron con privados para poder pagar sueldos, pero esto tiene un límite”, agregó.

Entre las medidas solicitadas al Concejo Municipal se destaca la implementación del boleto gratuito para trabajadores y trabajadoras del sector, en sintonía con el beneficio que hoy tienen los docentes, así como exenciones impositivas sobre el DREI (Derecho de Registro e Inspección) y la TGI (Tasa General de Inmuebles). También reclaman que los proyectos ya presentados avancen dentro del cuerpo legislativo.

“No estamos pidiendo erogaciones extraordinarias. Incluso hay cosas básicas, como responder pedidos de informes, que ni siquiera se hacen. El problema no es solo presupuestario: es político. Hoy la discapacidad no está en la agenda pública”, criticó la referente de Apridis.

Según estimaciones de la asociación, en Rosario funcionan más de 100 instituciones dedicadas al área de discapacidad, incluyendo centros de día, hogares, escuelas especiales, centros de rehabilitación y espacios terapéutico-educativos. En conjunto emplean a cerca de 5.000 personas.

Chapero señaló que la falta de acción no es exclusiva del ámbito local: “No hay respuesta del gobierno nacional, no hay respuesta del gobierno provincial, y en el Concejo los proyectos están estancados en comisiones”. En ese sentido, alertó que se analiza un posible cese de actividades a nivel nacional para la semana próxima, una medida que se evalúa con “enorme responsabilidad”, ya que afectaría directamente a los usuarios del sistema.

“El dinero está: la Agencia Nacional de Discapacidad recibió partidas, pero no hay ningún anuncio sobre cómo se va a usar. No sabemos si van a actualizar los aranceles o si seguirán con aumentos irrisorios como el del 0,5% del año pasado. No se puede sostener más esta situación”, concluyó.