Este lunes, el Gobierno anunció que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso ratificó al rechazar el veto de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que su implementación quedará en suspenso hasta definir cómo se financiará.

En un primer momento, desde el Ejecutivo se había deslizado que llevarían el tema a la Justicia para frenar su aplicación, pero tras la contundente decisión del Congreso de sostener la ley, optaron por cambiar la estrategia. Voceros cercanos a Milei reconocieron que el objetivo ahora es reglamentar la norma de tal manera que resulte difícil ponerla en práctica.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la promulgación, pero advirtió que el Gobierno necesita antes definir con precisión de dónde saldrán los fondos.

“Vamos a promulgar la ley, pero después hay que dictar el decreto reglamentario para establecer cómo se aplica. Hay que analizarlo con el ministerio correspondiente y las comisiones del Congreso. Esto abre la puerta a nuevas pensiones por discapacidad, pero primero debemos asegurarnos de que las existentes estén bien otorgadas”, explicó en declaraciones a Clarín.

Francos también recordó que la ley financiera obliga al Congreso a indicar la fuente de los recursos cuando aprueba nuevas normas. “No pueden pedirnos que reacomodemos partidas sin decir de dónde sacamos el dinero. ¿Se lo quitamos a los jubilados para pasarlo a discapacidad?”, cuestionó con ironía.

La Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado que la medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, lo que implicaría un gasto adicional de entre $1,88 y $3,62 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. También estimó que la compensación de emergencia a prestadores demandaría $278.323 millones, y los talleres de producción, $7.160 millones.

La ley de emergencia en discapacidad fue sancionada en respuesta a la crisis del sistema de atención, que sufrió recortes y congelamiento de fondos, además de una fuerte reducción en el número de beneficiarios tras una auditoría cuestionada. Estas medidas se aplicaron bajo la gestión de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien fue removido de su cargo luego de que se filtraran audios en los que mencionaba un presunto esquema de coimas entre funcionarios y droguerías.

El proyecto había sido impulsado por la oposición antes de que se conocieran esos audios, pero el escándalo político que generaron reforzó el respaldo legislativo. Ante la inminente derrota del veto, el Ejecutivo evaluó frenar la norma en la Justicia, aunque finalmente decidió promulgarla y demorar su reglamentación hasta resolver el tema presupuestario.