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Subsidios al transporte: ¿federalismo o centralismo?
Legisladores de la oposición solicitaron este viernes una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para la próxima semana, con el objetivo de llevar a cabo una votación para rechazar los vetos presidenciales firmados por Javier Milei y citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud Mario Lugones.
En el temario de la sesión, prevista para el próximo miércoles a las 17, también se cuentan la reforma a los DNU, que días atrás obtuvo media sanción en el Senado. Además, buscarán oponerse a los decretos delegados que modificaron el estatuto de la Policía Federal.
El objetivo principal será rechazar de plano los vetos presidenciales a dos leyes sancionadas por amplias mayorías: el financiamiento de las universidades públicas y al Hospital Garrahan.
Al mismo tiempo, en el Senado la oposición también piensa en una sesión el jueves 18 para rechazar el veto presidencial a la ley que modificó el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el martes a las 18:30 horas.
La estrategia es impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR. También se sumarían representantes del PRO, fuerzas provinciales y los ex oficialistas del bloque Coherencia.
Si la oposición logra reunir los dos tercios de los legisladores presentes, habrá mayoría para rechazar ambos vetos, mientras que La Libertad Avanza intentará sostenerlos con al menos un tercio de los votos, algo que no consiguió con el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Por ello, deberán buscar el apoyo de aliados del PRO, radicales, diputados del MID y fuerzas provinciales.
Qué dicen las leyes vetadas
Los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica se conocieron en la noche del miércoles.
En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país, asegurando una mejora de las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
A su vez, establecía una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Por su parte, la ley de emergencia en pediatría declaraba la emergencia sanitaria en el área por dos años, disponía una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes que no podría ser inferior, en términos reales, a lo percibido en noviembre de 2023, y dejaba sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.