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Subsidios al transporte: ¿federalismo o centralismo?
La zona donde se desarrolla el barrio privado Damfield, cuya construcción fue clausurada por el Gobierno de Santa Fe en junio de 2024 y permanece paralizada desde entonces, volvió a quedar bajo el agua tras la fuerte tormenta que azotó la región durante el último fin de semana de agosto. Un registro realizado con un drone refuerza el informe técnico que advierte sobre la ubicación del emprendimiento en una zona más que probablemente inundable. Las imágenes, muestran extensos anegamientos en los terrenos del proyecto, que desde hace más de un año se encuentra en el centro de una fuerte polémica urbanística, ambiental y judicial. Fuentes oficiales confirmaron que el vuelo se enmarca en “la práctica de relevar espacios críticos tras episodios de intensas precipitaciones”.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático indicó que “el 1 de septiembre por la tarde se efectuó un relevamiento aéreo con drones sobre el embalse de la represa del Ludueña, lo que permitió constatar el estado del embalse y su entorno inmediato”. Las imágenes de un nuevo anegamiento consolidan la idea de que se trata de un emprendimiento emplazado sobre un terreno vulnerable.
El caso se encuentra bajo análisis de la jueza Civil y Comercial Susana Gueiler, quien convocó a una audiencia para el próximo 12 de septiembre. El objetivo es que la desarrolladora Davik SA y la Provincia evalúen alternativas de conciliación antes de que el tribunal avance hacia una resolución definitiva.
Según trascendió, los desarrolladores no descartan reformular parte del emprendimiento, lo que podría implicar modificaciones en el uso del suelo, una reducción de la superficie o cambios en la infraestructura prevista para mitigar los riesgos hídricos. Esta posibilidad busca destrabar un conflicto que lleva ya largos meses.
Mientras tanto, y pese a que vendieron lotes hasta en 120 mil dólares, los desarrolladores analizan reformular parte del proyecto, en un contexto donde también avanza una causa penal por estafa denunciada por el futbolista Denis Rodríguez.
La denuncia fue radicada el 16 de abril ante la Fiscalía de Rosario, donde el caso quedó a cargo del fiscal Ramiro González Raggio, ante quien Rodríguez y su pareja ampliaron su declaración testimonial patrocinados por los abogados Paul Krupnik, Martina Lianza y Martín Marini.
Rodríguez afirmó haber invertido 98 mil dólares, sus ahorros personales, en la compra de un terreno dentro del emprendimiento Damfield, pero nunca recibió la posesión ni una devolución del dinero. Alega que, en el momento de firmar el boleto de compraventa, en 2023, no fue informado sobre las intimaciones administrativas que el proyecto ya acumulaba desde 2022.
En respuesta a la denuncia, los desarrolladores del loteo, mediante su abogado Hernán Martínez, realizaron una presentación espontánea ante el Ministerio Público de la Acusación. Esta constituye la primera denuncia penal contra el fideicomiso, aunque el emprendimiento ya enfrenta litigios civiles en la Justicia provincial y un expediente en el fuero federal por una disputa con la empresa Vial Norcar S.A., también involucrada en el desarrollo.
El fideicomiso Damfield Funes, promovido como un barrio privado “premium” en las afueras de Rosario, fue concebido en torno a un predio deportivo que sigue funcionando con canchas de fútbol y hockey, gimnasio, eventos y una liga amateur. Sin embargo, los informes técnicos del gobierno provincial señalaron que el área destinada al loteo residencial no era apta para urbanización debido al riesgo de inundaciones. Esto motivó que, en julio de 2024, el gobierno de Maximiliano Pullaro, con la firma del gobernador y su Gabinete, decidiera paralizar la obra y prohibir nuevas ventas.
La denuncia penal apunta directamente al fideicomiso Damfield Funes, a la empresa Davik S.A., representada por Darío Maximiliano Fernández y los hermanos Marco e Ismael Villegas Kalac, y en particular a Fernández como firmante de los boletos de compraventa. También se involucra a Vial Norcar S.A., con sede en Buenos Aires, que litiga en defensa del emprendimiento en el fuero federal.