El futuro de un inmueble centenario de Corrientes al 400, pegado al ex cine Imperial, está en manos del Concejo Municipal. El Ejecutivo envió un pedido para que se declare en estado de ruina y se habilite su demolición, algo que primero exige quitarlo del listado de bienes de valor patrimonial.

El predio pertenece desde 2015 a la inmobiliaria González Johansen, también dueña del ex cine. Desde hace al menos 15 años que el frente del inmueble está cercado y en completo estado de abandono. Esa falta de mantenimiento fue repercutiendo en la construcción que fue catalogada como en “estado de ruina inminente” por distintos especialistas.

Riesgo inminente

Un informe de la ingeniera civil María José Abdala Rioja señala que el edificio “compromete la seguridad de las personas” y que su deterioro es tan avanzado que resulta imposible costear su recuperación. 

"La propiedad no puede asumir los costos para rehabilitar el inmueble, y así evitar para la seguridad de la ciudadanía, para los inmuebles colindantes o los de las inmediaciones. Si bien la seguridad de protección obliga a una actuación de tipo administrativa para conservar los edificios en buen estado, en este caso no es posible siquiera la reparación. Se deberá declarar el estado de ruina inminente, siendo la única vía posible la demolición", agregó la Abdala Rioja en su informe.

El diagnóstico fue ratificado por el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Arquitectura de la UNR, que determinó que el inmueble presenta:

Ruina funcional total: Significa que el edificio tiene una "habitabilidad nula", perdiendo por completo sus capacidades mínimas de seguridad, salubridad y confort originales. Esto incluye la pérdida parcial de pisos, permeabilidad de la cubierta, derrumbe de gran parte de los cielorrasos y obsolescencia total de todas las infraestructuras (sanitaria, pluvial, eléctrica).

Ruina técnica parcial: Aunque la fachada presenta un estado "relativamente bueno" a nivel estructural superficial, la estabilidad estructural y constructiva está "muy comprometida en algunos sectores". Las constantes filtraciones de agua han afectado la resistencia de la perfilería metálica portante de la cubierta, evidenciando "deformaciones excesivas" y "grietas y fisuras en algunos muros portantes" que demuestran la peligrosidad de las lesiones. El relevamiento, incluso con el uso de drones por seguridad, confirmó la gravedad de la situación.

Ruina económica total: La rehabilitación y puesta en valor del inmueble se considera "muy poco factible". A pesar de que la fachada, elemento central de su catalogación, es reparable, la "pérdida de sectores constructivos afecta la composición espacial y formal", devaluando sus atributos patrimoniales originales y haciendo la recuperación inviable económicamente. Se estima que el costo de demolición es de aproximadamente 62 millones de pesos, sin considerar costos indirectos.

La preocupación más urgente es el "riesgo de derrumbe parcializado en un sector de la fachada", muy cercano a la calle Corrientes, que podría causar "un daño importante". Según advirtieron los especialistas de la UNR, las vallas de seguridad actuales son insuficientes, y se recomienda una "urgente intervención en este sector para evitar un daño mayor".

De esplendor a abandono

Construido en 1912 por el arquitecto Juan Fortini, el edificio albergaba originalmente ocho viviendas: seis en planta baja (dos con acceso independiente) y dos en planta alta con sus respectivos altillos y patios internos. Su fachada principal, sobre calle Corrientes, exhibía tres ingresos y balcones, reflejando el estilo Eclecticismo / Academicismo de la época. Sin embargo, el inmueble ha sufrido un drástico deterioro. 

En julio de 2016, se había otorgado una Viabilidad Patrimonial para refuncionalizarlo como una concesionaria automotriz, lo que permitió la demolición de "partes degradadas" y preveía la preservación y restauración del cuerpo frentista. Lamentablemente, una vez ejecutada esa demolición parcial, el proyecto se detuvo, dejando el sector a preservar en abandono total, sin consolidación ni puesta en valor.

Decisión política

El programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio de la municipalidad de Rosario consideró cumplidos los pasos para declarar la ruina, pero la descatalogación depende exclusivamente del Concejo. Si se aprueba, se asignaría al lote una “Protección Indirecta” por estar junto a dos inmuebles con resguardo patrimonial: el ex cine Imperial y otro edificio catalogado.

El Concejo tiene ahora la última palabra sobre este inmueble que pasó de símbolo arquitectónico a peligro urbano.