La medida de prisión domiciliaria y con uso de un dispositivo electrónico de control, popularmente llamado “tobillera electrónica”, dictada al ahora ex juez federal Marcelo Martín Bailaque quedó efectivizada este martes luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó la renuncia del cuestionado magistrado, imputado a fines de abril por delitos como prevaricato, concusión, incumplimiento de los deberes, extorsión, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.

Así lo confirmó una fuente de la Fiscalía Federal que está a cargo, junto al juez de Garantías del caso, de la ejecución de la medida cautelar oportunamente dictada. Al perder su condición de magistrado por la renuncia al cargo a partir del 1 de julio, también cede la protección de los fueros que protegen a ese tipo de funcionarios del Poder Judicial de ser arrestados arbitrariamente.

Bailaque quedó desde este martes en prisión domiciliaria en su casa, en principio por 90 días, y con un dispositivo electrónico que controla la no violación de la medida dispuesta por el juez de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz.

El juez fue imputado el 30 de abril último por múltiples delitos “funcionales”, es decir, relacionados a su actuación como magistrado federal en Rosario. Tres fiscales lo acusaron en tres investigaciones distintas por los delitos antes mencionados. Por dos de esos hechos, la presunta extorsión a dos empresarios para que pagaran a cambio de no avanzar en una causa judicial, también está imputado y con prisión preventiva un amigo de Bailaque, el financista local Fernando Whpei.

Ambos quedaron involucrados, además, en el caso del dinero bloqueado judicialmente a una cooperativa de trabajo de Puerto General San Martín que había sido intervenida, y que el juez permitió -según la acusación- que pasara de los bancos en los que estaba depositada a entidades relacionadas con el financista del Grupo Unión. Se trata de más de mil millones de pesos, de acuerdo a la investigación.

Como resultado de esas acusaciones, Bailaque fue imputado con prisión preventiva por 90 días, medida cautelar que debía cumplir en su domicilio. Sin embargo, no fue posible su efectivización pues contaba con los fueros correspondientes a su función judicial.

Asediado por el proceso penal en su contra y con una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura -que avanzaba hacia la destitución-, el 11 de junio Bailaque presentó su renuncia al presidente Milei, en un nota enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El texto breve, al que accedió Conclusión en su momento, no hacía alusión a los motivos de la dimisión presentada por el cuestionado juez. Sólo decía que la presenta “para que se haga efectiva a partir del día 1º de julio del corriente año”.

Dos organizaciones de la sociedad civil le pidieron al presidente que no la aceptara, porque de ese modo interrumpiría el proceso de investigación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, y consumaría su impunidad en ese terreno. Además, podría acceder al beneficio de una jubilación cuyo monto es considerada “de privilegio”.

Pero nada de eso ocurrió. El 25 de junio Milei y Cúneo Libarona firmaron el decreto de aceptación de la renuncia de Bailaque, aunque recién lo mandaron a publicar al Boletín Oficial este lunes, un día después de las elecciones locales.

“La verdad es que creo que hay mucha indignación. Un presidente de la Nación que dijo que iba a combatir la casta y lo que hace es convalidar cualquier actitud de casta y de privilegio”, disparó este martes la diputada provincial del Partido Socialista (PS), Lionella Cattalini, quien había denunciado a Bailaque ante el Consejo de la Magistratura.