Después de la detención de una suboficial de 21 años que trabajaba en el Centro de Monitoreo de la Central de Emergencias 911 y filtraba información a su novio gatillero para que cometa delitos, el gobierno provincial dispuso controles socio-ambientales a policías y agentes penitenciarios. Lo que se busca a través de la medida es establecer sus relaciones sociales, familiares y comerciales que puedan afectar negativamente en su desempeño.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó: “Son mayores controles para todo aquel que decida volcarse a la carrera policial. El gobierno quiere saber quién es el cadete, en qué condiciones vive, cuál es su grupo familiar, qué patologías hay en el grupo familiar y en el cadete. Es para tener un mapeo del estado de situación del cadete y su grupo familiar”.

Orciani indicó que la medida comenzará a implementarse desde junio. “Será concomitante con el cierre de inscripción a la carrera policial”, subrayó.

“Queremos profesionalizar a las fuerzas de seguridad. Esto no puede ocurrir sin control mediante”, finalizó.

La resolución fue instruida por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni, quien dio facultades a la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera, al secretario de Seguridad Pública y a la Secretaría de Asuntos Penales para diseñar e implementar las inspecciones.

La medida será aplicada, conforme al texto, con los postulantes, cadetes, agentes nombrados en comisión y efectivos confirmados, tanto de la Policía de Santa Fe como del Servicio Penitenciario. 

Según la disposición, se intentará “detectar comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, familiares, comerciales o de otro tipo, que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza pública en las instituciones de seguridad”. 

El hecho detonante de la medida, la suboficial Luna María R. fue aprehendida el pasado lunes mientras visitaba a su novio Kevin Alfredo Ramos en la cárcel de Piñero, donde está preso por haber sido imputado por su participación en un ataque a tiros contra un colectivo de la línea 146 ocurrido el 5 de septiembre del año pasado en Grandoli y Spiro. 

De acuerdo a la pericia telefónica de Ramos, se detectó que su pareja le daba datos con respecto a las cámaras de video-vigilancia para que pueda cometer delitos. Un dato no menor es que un hermano de Luna R. será acusado por una balacera contra el domicilio de Norma Acosta en barrio Tablada, que tuvo lugar el 7 de mayo pasado.