Los interventores judiciales de la agroexportadora  Vicentin consiguieron que ocho compañías del sector comprometieran contratos por más de 500 mil toneladas para utilizar la capacidad instalada de sus plantas de San Lorenzo y Ricardone, lo que trae alivio a los trabajadores ya que garantiza la reactivación de las fábricas por los próximos seis meses.

A partir de la intervención judicial dispuesta semanas atrás por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, y con el aporte del ministro de Trabajo santafesino, Roald Báscolo, se llegó a este acuerdo. A partir de los próximos días comenzarán a ingresar más de 500 mil toneladas de soja mensuales, lo que permitirá retomar las operaciones y asegurar la continuidad laboral de más de mil empleados.

Las compañías que participarán del esquema son Viterra, Bunge, ACA, Molinos Agro, Unión Agrícola Avellaneda, Cargill, Dreyfus y el Grupo Grassi, propietario de la firma Commodities que es uno de los principales acreedores comerciales de Vicentin.

Según se informó, los contratos se firmaron por seis meses, bajo la modalidad a fasón y prevén la molienda de entre 350 mil y 380 mil toneladas mensuales. Además, se comprometieron otras 250 mil toneladas destinadas a la planta de Ricardone, lo que representa un nivel de abastecimiento relevante para sostener la actividad.

Lorenzini decidió intervenir nuevamente la administración de Vicentin SAIC, que está en concurso de acreedores de marzo de 2020, luego de declararse en cesación de pago en diciembre de 2019, con un rojo concursal de U$S1.500 millones. El juez adoptó esa decisión luego de que la Justicia penal de Rosario imputara y dejara detenidos a tres directivos de la firma bajo la presunción de que habían utilizado recursos corporativos para afrontar gastos personales.

De ese modo, el juez entendió que desde que se había levantado la anterior intervención, en agosto del año pasado, la empresa volvió a tener problemas financieros por supuestas malas decisiones de su directorio, al que corrió de la administración para designar a dos interventores judiciales.

El Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) celebró la decisión y destacó que la medida permite “mantener la paz social y las plantas operando mientras avanza el proceso concursal”.

Con este nuevo esquema, las agroexportadoras no solo obtienen condiciones competitivas para el fasonado, sino que también logran sostener la unidad productiva, clave para evitar la quiebra definitiva de la histórica compañía, destacaron.