La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió este martes no homologar el concurso de acreedores de Vicentín, dando así el puntapié inicial para el inicio del cramdown, o proceso de rescate, de la compañía defaulteada.

Con una contundente mayoría de votos, el máximo tribunal resolvió no validar la oferta de pago que presentó Vicentín y que ya había sido rechazada en primera instancia. Como en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones de Reconquista sí le dio su ok, formalmente ahora vuelve a estar en vigencia lo dispuesto por el juez del concurso Fabián Lorenzini.

Formalmente, la Corte ahora le "reenvía" el expediente a segunda instancia para que trate la apelación con una serie de recomendaciones y marcándole la línea de acción que indefectiblemente lleva hacia el cram down. 

En efecto, la Corte no ordena taxativamente el cram down, lo que no está en sus usos y costumbres, pero la hoja de ruta que le pone a la Corte direcciona la decisión hacia el salvataje. No en vano la parte más extensa y sustancia de la resolución, conocida a primera hora de la tarde, es la dedicada a las recomendaciones para la Cámara.

Allí, incluso, se sostiene que están agotadas todas las instancias, los plazos y las vías. Y cuando eso ocurre, procedimentalmente, el paso siguiente e inexorable es el cram down. Es por eso que, al menos por las sugerencias de los cortesanos, a la Cámara le queda poco margen para explorar otras opciones, como pedirle a Vicentin que mejore la propuesta.

Un dato importante es que no será la Cámara de Apelaciones de  Reconquista la que tomará el caso, sino la de Rafaela, algo que para los acreedores díscolos es un triunfo importante, ya que entendían que el tribunal de segunda instancia de esa ciudad del norte de la provincia no era imparcial y tenía simpatía por Vicentín. 

¿Cuánto puede demorar la Cámara en tomar una decisión? Quienes siguen el proceso estiman que estará entre uno y tres meses.

En los últimos 15 días, Vicentín salió con los tapones de punta a presionar a la Corte bajo la amenaza de que si no hay homologación de la oferta, la empresa cerraría plantas y despediría al personal, lo que generó mucha intranquilidad en los gremios aceiteros.

Pero al conocerse el revés que sufrió del máximo tribunal, las primeras reacciones no fueron belicosas. Incertidumbre y preocupación, fue lo que dejó trascender desde el directorio. A última hora de la tarde los abogados y ejecutivos de la firma iban a reunirse para definir un rumbo para su respuesta, pero antes de la reunión el mensaje estuvo centrado en la preocupación de cómo gestionar la empresa ante el estiramiento de las definiciones.

Es que tras perder 70 millones de dólares el año pasado (culpando a las demoras de la Justicia en homologar el acuerdo, que activaría la venta de la firma Bunge y ACA), a fin de febrero se acaban los contratos que tenía con las dos firmas antes mencionadas que le permitían seguir operando prestando el servicio de industrialización y embarque.

Sin esos contratos, y como Vicentín ya no puede comprar granos, hay dudas de cómo podrá entonces mantenerse en funcionamiento.  Desde Vicentín vienen sosteniendo que otras empresas que les podían (y ya le venían enviando granos), como la Unión Agrícola de Avellaneda, también les dejarían de enviar mercadería por temor a que quede envuelta en una batalla judicial que se sigue extendiendo.

Ocurre que luego de que la Cámara decida abrir el rescate, los tiempos procesales de presentación y análisis de oferta llevan su tiempo y podrían estirar definiciones hasta el último trimestre del año.

Claramente, la salida vendría por una acuerdo previo entre la empresa, los acreedores y las partes que aparezcan interesadas en ofertar por la firma, que lleve certidumbre para que puedan recibir granos, por más que formalmente las definiciones se estiren.

En la previa a la definición del máximo tribunal santafesino, se especulaba que quién perdía decidiría recurrir a la Corte Suprema. ¿Lo hará Vicentin?

Lo que le juega en contra a esa posibilidad, es que el fallo de la Corte Provincial deja vigente lo resuelto en primera instancia y se avanza con lo decidido hasta que la Corte decida abrir el recurso de queja que debería presentar Vicentín. Y la apertura de esa queja, según los usos y costumbres del máximo tribunal provincial, puede insumir tranquilamente un año. Recién ahí llegaría a la Corte nacional que puede tomar mucho tiempo para decidir. El camino por esa vía no parece, al menos en esta altura, factible.

Un grupo de acreedores agropecuarios, liderado por el acopio Commodities del grupo Grassi, había objetado la propuesta de pago señalando, entre otros argumentos, que a los medianos y grandes acreedores de la empresa les significaba en la práctica una quita del 80% mientras que los pequeños (menos de 30 mil dólares) se les pagaba todo.

Y como Vicentin nunca hizo esa categorización (porque entendía que así nunca iba lograr las mayorías ya que debía conseguirlas para que se le acepten la oferta en cada categoría y no sobre el total porque los medianos y grandes se la rechazarían), querer diferencia al momento de pagar a quién le abona y a quién no lo puso en falta con la ley de concursos y quiebras; y ese fue -precisamente- uno de los principales puntos que objetó la Corte para no homologar el recurso.

Es más, el juez de Reconquista, que tiene el concurso de acreedores, había decidido por esas razones no homologar la oferta de pago. Pero luego de que Vicentín apelara ante la Cámara, el segundo tribunal le dio el okey. De esa forma, desde finales del año pasado se esperaba la resolución que la Corte tomó esta semana.