El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la empresa pública Aguas Santafesinas SA, radicó en sede policial una denuncia por los incidentes ocurridos el miércoles en las instalaciones de la compañía en Rosario, por parte de gremialistas. Personal de la Seccional Segunda actuó de oficio y a su vez, desde la empresa se realizó la presentación pertinente, por los ataques y los daños causados. 

“La denuncia apunta a los sindicalistas violentos que causaron destrozos en la jornada de ayer en la sede Rosario de Aguas Santafesinas SA para sostener sus privilegios”, dijo el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en cuya órbita está la compañía. 

El funcionario vinculó lo sucedido a que “cuando asumimos con la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, ASSA tenía -para ponerlos en números redondos- un 90% de pérdida, que se financiaba no con lo que se recaudaba de facturación, sino que la pagábamos todos los santafesinos para que el servicio funcione en las 15 ciudades donde está presente”, subrayó el funcionario.

Enrico fue contundente: “Encontramos una empresa deficitaria, desordenada, con pérdidas por todos lados, con récord de reclamos de usuarios por cortes, por pérdida de agua; entonces se ordenó fuertemente con el trabajo del directorio que encabeza Anahí Rodríguez y con las directivas del gobernador Pullaro”.

El ministro contó que durante el proceso de ordenamiento se encontraron numerosas irregularidades. “Había horas extras que no se trabajaban, autos que fueron encontrados fuera del lugar de trabajo en servicio como en el Casino de Rosario; o contratos como con la firma OSSA SRL a la que había que pagarle 1.500 millones anuales, perteneciente a la familia de una gremialista. Lo que queremos es hacer obras, no estar pagando gastos y gastos. Y eso genera una reacción como la que se vio el miércoles en Rosario”.

Sobre los incidentes, Enrico aclaró que “la mayoría de los trabajadores de ASSA son gente comprometida, que ese día trabajó igual a pesar de todo”, y fue tajante al afirmar que “hay un grupo de patoteros, que hicieron cosas vandálicas, que se pusieron los equipos de protección de trabajo para que no se les vea la cara, para por ejemplo robarse todas las llaves de los vehículos de la estación de Italia y Ocampo. Esos no son empleados a los que vamos a tratar como trabajadores que están reclamando, sino que están al borde de ser delincuentes”, fustigó.

Por su parte, Rodríguez, la titular de ASSA, valoró que “desde que asumimos, tanto el gobernador como el ministro nos pidieron un ordenamiento de la empresa. Acá lo que vemos es una reacción de los gremios que quieren seguir manteniendo sus privilegios y nosotros no lo vamos a permitir porque los recursos de la empresa los ponen todos los santafesinos y necesitamos que esa plata que podamos recuperar de este recorte de privilegios vaya a obras para terminar con los corralitos, por ejemplo. Necesitamos que la empresa sea más eficiente, que dé mejor servicio”.

Además, Rodriguez, indicó que “desde el gremio dicen defender a los trabajadores cuando en realidad están defendiendo a gente que tuvimos que desvincular de la empresa por graves sanciones y faltas”.

“Hemos tomado medidas drásticas, como la reducción de gerencia, el control de las horas extras, el control del combustible. Con esas distintas medidas se logró reducir el gasto en un 20%. Y se empezó a equilibrar la recaudación de la empresa. Hoy la empresa tiene un 50% de aporte del tesoro. Y un 50% que va en función del ajuste y de la recaudación por tarifas”, enumeró Rodríguez. 

La titular del directorio afirmó que “no vamos a permitir que estos violentos se queden con la empresa. Cuando nosotros asumimos el gremio manejaba la empresa. Queremos una empresa cada vez más eficiente para demostrarle a los santafesinos que las empresas del Estado pueden ser eficientes y dar mejor servicio”.

“Esta reacción que tiene el gremio -puntualizó- tiene que ver con ese recorte de privilegios y con el recorte de contratos que está vinculado a empresas tercerizadas, a cooperativas. Algunas de esas cooperativas están vinculadas a la gente del sindicato y a la empresa le costaba 1.500 millones de pesos anuales. Esta reacción que tienen tiene que ver con esos recortes que nosotros estamos llevando adelante para poder invertir en obras”, señaló.