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Subsidios al transporte: ¿federalismo o centralismo?
El edificio de la Justicia Federal de Oroño 940 fue allanado este jueves en el marco de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión impositiva, contrabando y extorsiones a empresarios. Una de las oficinas requisadas fue el despacho del juez federal Marcelo Bailaque, quien había sido denunciado por presunto favorecimiento a jefes narcos, entre ellos el condenado a perpetua Esteban Lindor Alvarado. En el procedimiento también se inspeccionaron oficinas aduaneras y un estudio jurídico.
Los allanamientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional. En el edificio de los tribunales Federales fue requisado el despacho del juez penal Bailaque, a quien la diputada santafesina Lionella Cattalini denunció por favorecimiento a jefes narcos.
En una causa por mal desempeño que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, el juez fue señalado por tener el mismo contador que llevaba los números de empresas de Alvarado, jefe narco de quien tramitó causas, y por contratar para trabajar en el tribunal a un hijo de ese profesional.
En el juzgado federal se secuestró documentación y el celular de uno de sus secretarios, según indicaron fuentes de la pesquisa. El operativo no sólo está ligado a la investigación contra el magistrado, según las fuentes, sino que alcanzaría a otras personas con cargos jerárquicos por delitos tributarios.
En ese orden, el procedimiento alcanzó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) donde se inspeccionaron oficinas de la ex Afip y del área de control de la Hidrovía.
La investigación tiene relación con la pesquisa al ex juez federal de Mendoza Walter Bento, destituido por un jurado del Consejo de la Magistratura en noviembre del año pasado tras ser acusado por mal desempeño de sus funciones y el cobro de coimas a cambio de favores judiciales, una causa que se encuentra en etapa de juicio oral.