La situación del arbolado público en Rosario sigue en discusión en el Concejo, con proyectos que buscan aumentar su nivel de protección y establecer nuevas pautas que permitan proteger los ejemplares, principalmente de las prácticas extractivas que suelen llevar adelante las constructoras en un contexto de gran cantidad de edificios en construcción que hay en el centro y macrocentro.

Luego de que el concejal Agapito Blanco (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto que busca derogar la normativa vigente (Ordenanza N° 5.118), que data de 1991, para reemplazarla por una nueva (que ya tiene el visto bueno de casi 20 organizaciones ambientales de la ciudad), ahora se suma una iniciativa de la edila Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) que propone varias cuestiones.

El proyecto de Gigliani busca incorporar una multa especial y más costosa para quienes dañen o perjudiquen el arbolado público, y sumar nuevas instancias, como cursos de concientización obligatorios para los infractores.

Además, la edila ingresó otras iniciativas para aumentar multas por extracciones (contempladas en el Código de Convivencia) y a través de otro pedido, exige al Ejecutivo que ponga en marcha la Ordenanza N° 10.434, aprobada en diciembre del 2022 tras ser presentada por la exconcejala Luz Ferradas (Ciudad Futura), que establece un Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales en el marco del Código de Convivencia.

La iniciativa de Gigliani propone la creación de una Unidad Fija Ambiental (UFA) para establecer las multas por dañar el arbolado público en caso de que los infractores decidan no cumplir con el deber de reparación ambiental, establecida como una "entrega de ejemplares de vivero en función del daño causado".

Las multas actuales están estipuladas por Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale a un litro de nafta súper.

Las UFA saldrá del estudio de costo del precio promedio de mercado de cuatro árboles que se usen para el arbolado usado en veredas, además de lo que cuesta el flete de los mismos y la mano de obra para plantarlos. Para la determinación del monto a abonar, según establece el proyecto, se deberá multiplicar la cantidad de ejemplares a reponer por el valor vigente de cada UFA.

En ese sentido, el 60% de las multas impuestas por infracciones relacionadas con el arbolado público se destinarán a un Fondo Municipal de Arbolado, que se destinará al financiamiento de actividades de conservación del arbolado urbano.

A ello suma la posibilidad de que quienes dañen el arbolado deban realizar un curso de concientización, enmarcado en "tareas educativas". Las mismas serán establecidas por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público según las sanciones establecidas y dependiendo la persona infractora.

En la última reunión de la comisión de Ecología, el presidente de la misma, Julián Ferrero (Ciudad Futura), remarcó que al margen de los proyectos “es fundamental la mirada del Ejecutivo para saber si hay o no voluntad real de avanzar sobre la actualización de la normativa”.

Por eso, invitó a los responsables de las áreas de arbolado y a representantes del Poder Ejecutivo municipal a una audiencia para este lunes.

Según trascendió, no está previsto que funcionarios o representantes sean de la partida en la reunión de la comisión, donde se van a seguir discutiendo los proyectos.

De todos modos, desde el oficialismo no ven con malos ojos las propuestas que se están discutiendo en el Concejo. El edil Mariano Roca (Arriba Rosario) señaló en la última reunión de la comisión que se podría "crear algún instrumento normativo nuevo" o que el propio Ejecutivo puede "nutrirse de estos dos proyectos para poder tener una nueva ordenanza".

Una de las similitudes más marcadas entre las propuestas de Blanco y de Gigliani es que coinciden en declarar al arbolado como un servicio público prioritario y como "protagonista de la ciudad".