Los trámites jubilatorios aumentaron más de un 40% en el Poder Judicial, según admitió el secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni. Este incremento se da en el marco del debate de la reforma previsional que el Ejecutivo está impulsando.

“Extraoficialmente se consulta qué va a pasar con la reforma previsional y en casos concretos el motivo que el solicitante manifiesta por escrito es ese, por lo cual nos releva de toda conjetura”, afirmó Mascheroni 

Si bien no existía un registro de solicitudes en el área judicial en gestiones anteriores, la actual pudo relevar casi 60 trámites en el sistema en todo 2023. En contrapunto, hoy el sistema previsional de este sector contabilizó “más de un centenar” entre febrero y el 31 de julio, con “una resolución en el 80% de los legajos”, aseguró Mascheroni.

Para el funcionario, “es un dato de la realidad la petición de renuncias para tener beneficios jubilatorios desde magistrados, secretarios de juzgados, empleados mesa de entrada y hasta de maestranza”, agregó, aunque aclaró: “No hacemos un análisis de estos trámites porque es un derecho que le corresponde a toda la gente que cumplió los requisitos”.

Por último, Mascheroni le restó importancia al debate actual para reformar la Caja de Jubilaciones de Santa Fe al plantear: "Nunca leyes previsionales fueron de aplicación inmediata en toda su linealidad”.

En el sistema previsional de la Justicia, quienes deseen solicitar el trámite deben tener 30 años de aportes, ser mayor de 65 años en varones y 60 en mujeres. En caso de solicitar el beneficio del 82% corresponde 35 años de aportes.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública provincial, Fabián Bastía, recibió a principio de agosto el informe final que realizó la comisión de análisis del sistema previsional de Santa Fe (senadores, diputados y representantes del Ejecutivo y de gremios). Consumada la evaluación del contenido del documento, y con el objetivo de frenar un millonario déficit, la Casa Gris remitirá a la Legislatura un proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La comisión multisectorial había iniciado su labor el 19 de junio pasado con dos consignas: garantizar la permanencia de la Caja en la órbita del Estado santafesino y su carácter solidario. Objetivos que no dieron lugar al disenso dentro del cuerpo especial.

“Con el déficit altísimo de la Caja no hay lugar para la especulación con el tiempo, porque son muchos los recursos que le cuesta a la provincia sostenerla. Vamos a trabajar sobre el informe para salvar el sistema de los estatales santafesinos y darle sustentabilidad en el tiempo”, destacó Bastía luego de recibir el documento (no vinculante).

En lo que hace a la formación del fondo, impulsaron una evaluación de la implementación de incrementos en los porcentajes de aportes de acuerdo con la estructura salarial, siguiendo una escala creciente (a mayor ingreso, aporte superior).

También sugirieron aplicar el máximo de la escala de aportes a autoridades políticas y personal de gabinete del gobierno provincial (incluidos entes autárquicos y descentralizados y sociedades del Estado), senadores y diputados, administrativos y asesores políticos del Legislativo, vocales del Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial.

Respecto de los beneficios por invalidez y pensión, los legisladores recomendaron una integración del aporte posterior al otorgamiento de la prestación, hasta el cumplimiento de los años de servicios exigidos para el acceso.

Además de proponer un estudio del incremento de las contribuciones, instaron a considerar un aporte extraordinario por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado al régimen de la Caja provincial, siguiendo lo previsto en otros sistemas (como los de las ciudades de Rosario y Santa Fe).

Teniendo en cuenta que el sistema vigente es solidario, sugirieron la creación de un aporte extraordinario que alcance a jubilados y pensionados en función de los ingresos, sujeto a criterio de equidad y progresividad.