Tuvo despacho favorable este lunes en una comisión del  Concejo Municipal de Rosario la declaración de preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de realizar la asistencia alimentaria a través de una sola organización. Este jueves se debatirá en sesión ordinaria. Ponen en duda una efectiva repartición de la comida, con tres sedes de Conin en Rosario que asisten a 180 personas, y cuestionaron también un “sesgo ideológico” en el criterio con las personas que se asiste.

En el marco del corte de la distribución de alimentos desde el Gobierno Nacional hacia centenares de asociaciones civiles y organizaciones de todo el país, concejales rosarinos plantearon su mirada crítica a la decisión de Javier Milei de concentrar esa tarea solamente en la fundación Conin. El planteo fue realizado en la comisión de Salud y tuvo despacho favorable, en simultáneo a cuando se conoció la noticia de desmanejos y desaparición de prendas que eran destinadas a familias de los barrios rosarinos que se dio en una interna del propio partido oficialista.

“No está relacionado al asunto de las prendas, aunque es parte de la misma preocupación acerca de cómo Nación se maneja: está delegando en una solo entidad la responsabilidad de que los alimentos lleguen a la población”, explicaron desde el Concejo de Rosario.

En el texto, que fue impulsado por el concejal Leonardo Caruana, destaca que “aunque Conin posee en Argentina una red de 110 centros de prevención de la desnutrición infantil en 18 provincias, solo tres de estos se encuentran en la ciudad de Rosario, y en total asisten únicamente a 180 infantes, 16 madres embarazadas y 45 familias. Mientras que los registros que identifican familias con esas necesidades en las instituciones públicas y comunitarias superan ampliamente esa cifra”.

El edil Caruana precisó sobre el asunto que “lo que más preocupa es la clara delegación, que es lo opuesto a gestionar y articular políticas alimentarias. El Estado debe fijar lineamientos y controlar la efectividad para, así, evitar la corrupción”.

Luego agregó: “En esta decisión se observa el nivel de improvisación del Gobierno Nacional en su gestión estatal, que prioriza las variables macroeconómicas y financieras, y desconoce la capacidad del Estado para generar transformaciones en el territorio. Deberían delegar en todas las organizaciones, con todas las perspectivas, en vez de una sola”.

En el escrito que compartió con el resto de los miembros de la comisión de Salud, donde se dio el despacho favorable, Caruana recordó que "el director ejecutivo de Conin, Diego Álvarez Rivero, informó que la institución no cuenta con la capacidad operativa para la repartición en todo el territorio nacional". A eso le sumó que "sobre los datos poblacionales y de servicios de distribución se infiere, que Rosario sería una de las áreas donde la posibilidad de entrega en tiempo y forma se haría imposible".

Entre los argumentos contra el criterio que lleva adelante la fundación Conin, Caruana destacó los requisitos que deben cumplir los asistidos, "algunos de los cuales contradicen normativas vigentes, y establecen la obligatoriedad de participar en diferentes actividades semanales".

Sobre las actividades que Conin obligaría, Caruana destacó: "Instruyen para un estilo de vida que contradice la realidad cultural y social de los beneficiados con el alimento, ya que sólo se admite la heterosexualidad como único vínculo sexo afectivo, ubican a la mujer como responsable de las tareas del hogar y al varón como sostén de familia, recomendando incluso evitar la utilización de métodos anticonceptivos".

Un fragmento de la declaración que tuvo despacho favorable reza: “Manifestamos preocupación frente a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Capital Humano de realizar actividades de asistencia alimentaria en todo el territorio nacional delegando las tareas de planificación y organización inherentes al Estado en una fundación sin fines de lucro (Conin) cuya visión del tema alimentario y la asistencia a la pobreza tiene un franco sesgo ideológico que podría condicionar la exclusión de algunos ciudadanos que cumplan criterios de asignación prioritarios, pero no califiquen por mérito. Preocupa que esta acción junto a un modo de gestión que viene tomando el gobierno de nacional ponga en riesgo la responsabilidad estatal a la hora de garantizar derechos”.