La cantidad de personas que perciben el seguro de desempleo se duplicó en el primer semestre del año, en medio de una recesión de largo aliento. Según datos del Ministerio de Trabajo, en los primeros seis meses del año 98.703 personas que perdieron el empleo registrado sin causa atribuible al trabajador comenzaron a cobrar el seguro o la prestación por desempleo.

Las altas de este año se duplican frente a las de igual período de 2023, cuando los beneficiarios eran 49.910. De las nuevas altas, 84.372 son varones y 27.479 mujeres. Las más numerosas están en la construcción (36.488 trabajadores), la industria manufacturera (19.532), el comercio (15.389), actividades administrativas (6.768), servicio de transporte (3.753), servicios de comida y alojamiento (3.268) y salud y servicios sociales (2.708).

Las personas que pueden cobrar el seguro por desempleo son los despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia. Cobran un haber promedio de $ 182.858 mensuales, aunque el monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos 3 años. Las trabajadoras mayores de 45 años cobran durante seis meses más.

Mientras cobran este seguro de hasta 12 meses perciben también las asignaciones familiares y continúan con la cobertura de la obra social a la que están afiliados. Y los meses del cobro de la prestación se computan como antigüedad para la jubilación o pensión. Un requisito importante es haber tenido al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

El dato se suma a los que difundió el Indec sobre el aumento del desempleo en el primer trimestre, a los que difunde el Sipa sobre caída del empleo registrado y a las estadísticas sobre aumentos en la tramitación de procedimientos preventivos de crisis y acuerdos de suspensión de personal.

En este clima, crece la conflictividad gremial. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar sostuvo que “ya se encaminan a anunciar un paro nacional” para el próximo 7 de agosto, “una fecha elocuente, ya que es San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo”.

En diálogo con Radio Splendid, aseveró que, según los índices actuales, “hay 27 millones de personas en la pobreza y otros 27 en la indigencia”, porque “la ley Bases y el DNU recrudecieron la crisis económica”.

“El gobierno está fracasando bajo sus propias premisas, el cierre de organismos públicos no es solo un ataque a los estatales, sino a toda la sociedad, la gente empieza a tomar conciencia de que los ataques no son a la casta, que hoy acumula altos sueldos en el Estado”, sostuvo.

Con respecto a la movilización, que será multisectorial, dará inicio a “una segunda etapa de resistencia frente al gobierno del presidente Javier Milei” y servirá “para unir a las y los trabajadores organizados de la economía popular”.

”Tenemos que salir a defender nuestros derechos, este atropello que estamos sufriendo, solo significa más desempleo, sin seguridad social ni dignidad, la reforma que pretende Milei es un ataque a los derechos humanos y a la seguridad social”, dijo.

Asimismo, remarcó que desde el Gobierno “buscan beneficiar a los empresarios y corporaciones” y la Confederación General del Trabajo (CGT) “ya se convenció y estará presente” en la movilización.

Este próximo 7 de agosto la UTEP, la CCC y decenas de organizaciones sociales vuelven a realizar la marcha de San Cayetano. Frente a un gobierno que quiere aislar y dividir al movimiento popular, es un hecho de gran importancia la confluencia en esta marcha de la CGT, las CTA y distintos gremios. En unidad, junto a organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organizaciones campesinas, sectores de la iglesia, estudiantiles y veteranos de Malvinas se acordó una masiva jornada de movilizaciones el 7 de agosto en la Iglesia de San Cayetano en Liniers, en Plaza de Mayo y en todo el país, para seguir enfrentando el hambre, la entrega y la represión de este gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT), en la reunión de su Consejo Directivo donde acordó sumarse a la movilización del 7, resolvió no participar del “diálogo social” impulsado por el gobierno y volvió a reclamar la ilegalidad del capítulo de reformas laborales contenidas en el mega DNU. También confirmaron la convocatoria a un plenario de secretarios generales para retomar el plan de lucha.

La semana pasada, el Soear y la federación nacional de trabajadores aceiteros realizaron un plenario nacional conjunto en el que llamaron a “defender los derechos conquistados” por la lucha obrera, convocando a un plan de acción.