El robo de cables y objetos metálicos se agravó en el último tiempo y las investigaciones apuntan a dónde terminan esos elementos: las chatarrerías siguen bajo la lupa. La Secretaría de Control y Convivencia del municipio lleva adelante una serie de operativos en distintos puntos de Rosario.

Desde hace algunas semanas, y por pedido expreso del intendente Pablo Javkin, las inspecciones se realizan diariamente. En una jornada, los agentes llevan adelante entres tres y cuatro operativos de lunes a viernes, en los que clausuran hasta dos lugares clandestinos.

Estas acciones se realizan junto a la Policía de Santa Fe, en un trabajo coordinado entre el área de Control local, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y las empresas de servicios perjudicadas por el vandalismo. Una vez que llegan al lugar, verifican si el establecimiento está habilitado o no, cuáles son las condiciones de seguridad y se hace un registro de qué tipo de materiales se están comercializando. En el caso de encontrar alguna irregularidad, se clausura el lugar.

"En el último año y medio, inspeccionamos unas 60 chatarrerías, de las cuales sólo cuatro tenían habilitación. El resto fueron clausuradas", explicó la secretaria de Control, Carolina Labayru. En la misma línea, agregó: "De esas 60, 33 tienen denuncia penal por violar la clausura y muchas de ellas tienen hasta tres denuncias penales".

Durante los operativos, se incautaron múltiples piezas de metal robadas a vecinos, compañías telefónicas y de internet, Aguas Santafesinas, Litoral Gas y la Empresa Provincial de la Energía.

La última intervención se produjo este miércoles en zona norte. En el lugar se encontraron desde cestos de basura hasta corralitos de Aguas Santafesinas, entre otros múltiples objetos de procedencia sospechosa. El personal de Control clausuró el negocio de compraventa.

En este caso, por ejemplo, Labayrú detalló que "le secuestraron la balanza donde pesan la chatarra porque consideran que sin ese elemento no pueden seguir funcionando". Además, fueron detenidas las dos mujeres que se encontraban a cargo del lugar.

Por lo general, en la mayoría de los procedimientos, los agentes trabajan en conjunto con la policía. Se concurre al lugar, en principio se busca si están habilitados o no, y si corresponde se genera la clausura. Después vuelven a ir, y si detectan que reabrió se hace la violación de clausura una y otra vez, ya que en algunos casos esto se produce varias veces.

En las inspecciones diarias participan entre cuatro y seis inspectores y un móvil policial, que puede tener entre dos y tres efectivos. En caso de ser necesario, se solicita refuerzo policial. "Es un proceso aceitado porque hace ya varias semanas que venimos haciendo los operativos y volvemos a los mismos puntos. No es que vamos una vez y no aparecemos más", señaló la funcionaria municipal.

En ese sentido, confirmó que la idea es continuar con este ritmo de inspecciones. Van rotando entre los distritos y estudian la zona. "Si nos enteramos de algún dato de que en determinado barrio hay mayor cantidad de robos de alguna empresa de servicios que nos hace el reporte, estudiamos la zona y ponemos el foco ahí. Si hay robos en un cementerio, si hay movimiento en la calle, si hay gente que nos pasa datos de dónde se están comprando. Se hacen pequeños estudios", sostuvo.

La denuncia penal se hace para que el caso sea tomado por el fiscal de faltas. Todas las causas de este tipo las nuclea el fiscal de la Unidad de Faltas y Contravenciones Marcelo Vítola.

Fuente: La Capital