La Municipalidad elevó un anteproyecto de ordenanza al Concejo en el que requiere la adhesión a la ley provincial 14.191 que crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos. De este modo, negocios e industrias que comercialicen este tipo de metales deberán cumplimentar la inscripción como paso previo a la habilitación municipal y se dispondrá de mecanismos de control de la actividad.

“Consideramos que es una herramienta importante y necesaria que puede sumar el Estado para optimizar el control sobre este tipo de establecimientos”, destacó el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, ante la ola de robos de elementos metal y cableado del tendido eléctrico y de cable en la vía pública que generó importantes perjuicios a los vecinos de la ciudad y a instituciones que sufrieron pérdidas valiosas.

En la nota de pedido elevada al Palacio Vasallo, se detalla que el municipio viene realizando un trabajo valioso sobre estos establecimientos y que la actual gestión clausuró 62 chatarrerías y además elevó a la justicia provincial 31 denuncias penales sobre los titulares de estos locales, que surgieron a partir de la verificación de reiteradas violaciones de clausura constatadas por los inspectores municipales.

“Si bien la mayoría de ellos ejerce una actividad legítima, hay una minoría que está vinculado a la actividad delictiva de robos de cables, picaportes, porteros y demás artículos metálicos que día a día delincuentes sustraen a los buenos vecinos de la ciudad. Este registro va a permitir separar aquellos locales que hacen bien las cosas, de aquellos que facilitan el delito comprando y revendiendo metales robados”, explicó Zignago.

La ley provincial 14.191 dispone que, previo a la habilitación municipal, quienes realicen actividad comercial o industrial con metales no ferrosos  deberán inscribirse en el registro en el lapso de 30 días posteriores.Chatarrerías, desarmaderos de automotores y locales de compra-venta de bienes usados componen el universo comercial que deberá acreditarse. Se busca de este modo tener un conocimiento acabado de una actividad que hoy está bajo la lupa.

Según la mencionada ley provincial, la aplicación y la función de control es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

Los interesados en inscribirse deberán presentar su documentación de inscripción en el API y la Afip y presentar boletos de compra y transporte del material. Para quienes no presenten la inscripción en el Registro, la normativa contempla la clausura del comercio, una multa económica y la notificación de la situación del mismo al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que accione de acuerdo a sus incumbencias.

El robo cotidiano de cables y piezas metálicas de todo tipo afecta a las redes de telefonía fija, internet, televisión por cable, energía eléctrica, agua potable y gas. Son miles los rosarinos perjudicados por una ola delictiva que parece incrementarse cada vez más y no tener fin. Los números son contundentes: desde octubre del 2020 a abril de 2023, sólo en Rosario se produjeron unos 5.900 hechos de robo de cable.

La cifra fue revelada por una de las principales empresas víctima de esta modalidad delictiva, Telecom. Según datos aportados por la compañíaen promedio se producen unos 218 robos mensuales en la ciudad. En los últimos 30 meses, esto significó unos 271 mil metros de cable, unas 154 toneladas de cobre.

Para tener un comparativo, en la ciudad de Santa Fe la firma tuvo 330 hechos en el mismo período, unos 12 mensuales.