La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) emitió este martes un enérgico comunicado en respuesta a la implementación de una nueva edición del denominado "Dólar Agro", tras publicarse en el Boletín Oficial la incorporación del maíz al tipo de cambio especial. Esta medida, presentada inicialmente como una solución excepcional para mejorar la recomposición de divisas, derivó en una herramienta recurrente de intervención en los mercados y la entidad rosarina salió a advertir "graves consecuencias para la actividad agroindustrial". Según el comunicado, el dólar agro "ha generado pérdida de transparencia en el proceso de formación de precios, lo que ha resultado en distorsiones y asimetrías en toda la cadena de producción y comercialización granaria. Las consecuencias de estas intervenciones coyunturales y de corto plazo han impactado severamente en la actividad agroindustrial, dañando su normal funcionamiento y afectando a productores, exportadores y toda la industria vinculada". La BCR manifestó su preocupación por la falta de previsibilidad que genera este tipo de medidas e instó a las autoridades a abandonar disposiciones distorsivas. En cambio, abogan por la implementación de un marco general que establezca reglas claras, simples y de largo plazo que brinden estabilidad y confianza a los actores del sector, permitiendo una planificación adecuada de la producción e inversión. La entidad hizo hincapié en la importancia de contar con políticas económicas y cambiarias que promuevan el desarrollo sostenible del sector agroindustrial, y que sean coherentes con los intereses y necesidades del mismo. Finalmente, la BCR "reitera su llamado a las autoridades a trabajar en conjunto con el sector agroindustrial para encontrar soluciones consensuadas que impulsen el crecimiento y desarrollo de una de las principales fuentes de ingresos y generadoras de empleo en el país".

El planteo de la entidad sigue la línea que trazaron algunos sectores que nuclean a productores ganaderos, tal el caso de los representantes de los feedlots y propietarios de granjas porcinas quienes están en alerta por la derivación que la normativa puede acarrear en lo que al precio del maíz respecta.