Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, tendrá que explicar cómo fue que su patrimonio creció de manera exponencial desde 2003, cuando ingresó a la función pública.

 

El fiscal federal Ramiro González imputó a Liuzzi y pidió una enorme cantidad de medidas de prueba para investigar la evolución patrimonial. González solicitó que el juez Luis Rodríguez también investigue a la primera mujer de Liuzzi, Gloria Eugenia Martínez, a su actual pareja Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo, al hijo del funcionario público, Carlos Marco Liuzzi y a la hermana del hombre que llamó a Oyarbide: María Luján Liuzzi.

 

La causa se reabrió como consecuencia de la confesión que realizó el juez Norberto Oyarbide cuando admitió que en diciembre pasado había detenido un allanamiento en una financiera, luego de un llamado de Liuzzi.

 

Oyarbide había cerrado una investigación contra Liuzzi por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Pero la investigación por enriquecimiento había sido archivada. El fiscal de aquella causa, Patricio Evers, había pedido el desarchivo y el apartamiento de Oyarbide, luego que se supiera que el juez y el funcionario habían hablado por teléfono. La Sala II de la Cámara Federal reabrió el caso y apartó a Oyarbide. El expediente le tocó al juez Rodríguez quien tiene a su cargo la investigación para determinar si se pidieron coimas para no hacer el allanamiento de la financiera Propyme. Rodríguez determinó que debía ser González quien tuviera a su cargo la investigación por enriquecimiento porque se conecta con la anterior.

 

El fiscal, según informaron fuentes judiciales, pidió las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por Liuzzi, su hermana y su actual pareja, quienes trabajan en la administración publica.

 

La denuncia que dio origen a la causa judicial se basó en una nota del diario Perfil que establecía, en base a la lectura de las declaraciones juradas de Liuzzi que su patrimonio aumentó 38 veces desde 2003 a 2011.

 

El fiscal solicitó que el Banco Central de la República Argentina informe las cuentas que tiene Liuzzi y su círculo familiar. Que todos los registros de propiedad inmueble del país informen si Liuzzi y su familia tienen bienes. Que el Stud Book y el Jockey Club Argentino informen si los investigados fueron o son dueños de caballos. El fiscal también quiere saber si Liuzzi tiene autos, aviones o barcos a su nombre o de algún familiar. Entre otras tantas medidas, el fiscal pidió que el consorcio del edificio Mulieris de Puerto Madero (donde vive Liuzzi) y el Country Los Lagartos (donde tendría una casa de fin de semana) informen sobre el funcionario y sus familiares.

 

La decisión del fiscal González impulsa la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Liuzzi. El primero de los daños colaterales que produjo el escándalo del allanamiento detenido por Oyarbide.

 

Fuente: Infobae