La decisión del gobierno nacional para los organismos estatales, canjear deuda soberana en dólares por bonos del Tesoro en pesos,  fue rechazada primero por la oposición en el Congreso de la Nación, que citó al ministro de Economía Sergio Massa para que dé explicaciones sobre la medida y recientemente por la Fundación Apolo que presentó una denuncia penal.

“Hay que impedir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea usado para propósitos macroeconómicos”, afirmó el director de la organización no gubernamental, Juan Manuel Otegui sore la acusación al presidente y el ministro. 

El objetivo de la fundación y sus abogados es dejar asentada la denuncia penal por un lado, pero también el amparo, que no permite que avancen hasta tanto se sustente una breve apertura a prueba. “Es para frenar el canje de bonos. Protege el derecho constitucional de los jubilados”, subrayó Otegui.

En la presentación, la Fundación Apolo sostiene que los fondos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, tienen que estar administrados por organismos que tengan autonomía financiera. El decreto que dispone el canje no deroga dicho artículo, “con lo cual están vulnerando esa autonomía”.

La denuncia sostiene además que el decreto de Alberto Fernández dispone la venta de los bonos sin derogar “expresa y genéricamente” la autonomía financiera y económica de Anses, pero “lo hace de modo implícito” porque le “impone canjear los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por bonos en pesos”. Y puntualiza: “Lejos de complementar financieramente al sistema de la seguridad social, el Poder Ejecutivo Nacional lo está utilizando con objetivos macroeconómicos totalmente ajenos a la finalidad de dicho sistema. Se sirve del sistema, en vez de servirlo”.