El senador Fernando "Pino" Solanas denunció penalmente al ministro de Economía, Axel Kicillof, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública". Lo hizo en el marco del acuerdo que concretó el Gobierno con la empresa española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones que tenía en YPF.

La denuncia penal de Solanas también es contra el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Galdino Alberto Cattaneo, y el presidente de la sala "ad hoc" YPF del organismo Daniel Eduardo Martin, informó la agencia DyN.

La denuncia quedó radicada en el juzgado Federal N°6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, y en ella Solanas denuncia "groseras anomalías" en la valuación de las acciones expropiadas por el Estado en mayo de 2012 y por las que, se acordó con la empresa española, se la resarcirá con el pago de 5 mil millones de dólares en títulos y en cuotas.

El acuerdo con Repsol será ratificado esta semana por el Congreso.

Según Solanas, el Tribunal de Tasación encargado de evaluar el patrimonio de la empresa "realizó un dibujo adaptado a los números convenidos en este acuerdo político, contrariando todo lo que es la defensa de la Nación y la defensa de nuestro patrimonio y la ética pública".

"Tasación amañada"

El senador destaca en el escrito que "en las habituales negociaciones donde impera el secretismo, no se tuvieron en cuenta los reales valores de la empresa, sino el convenir una suma que fuera conveniente para los intereses de la petrolera española".

El senador sospecha que "se trató de una tasación amañada y realizada de acuerdo a lo acordado previamente con Repsol", ya que estima que existió una "imposibilidad técnica" de que "en apenas pocos meses se hayan podido tasar más de 5 millones de bienes de YPF Gas y más de 120 mil bienes de YPF".

"Este pacto se hizo violando la Constitución. Las irregularidades del acuerdo firmado con Repsol son continuidad de la irresponsable política petrolera del kirchnerismo, que llevó al vaciamiento de YPF y a la pérdida del autoabastecimiento", sostiene Solanas, quien votó en contra del "acuerdo amigable" con Repsol cuando se trató en la Cámara Alta.

En la denuncia penal, el legislador opositor recuerda que "cuando se realizó la expropiación" diversos funcionarios, entre ellos Kicillof, "minimizaron los montos de la indemnización que deberían pagarse a Repsol, en razón de los pasivos ambientales que iban a reclamarse, insistiendo que en ningún caso se pagaría lo que la petrolera española reclamaba".

Solanas señala que el convenio al que llegó con Repsol, ya aprobado por el Senado y que esta semana se tratará en la Cámara baja, establece una indemnización a Repsol por un monto de cinco mil millones de dólares más intereses que, dice, "pueden llegar a duplicar esa suma de conformidad con los plazos establecidos".

"Respecto a esa sospechosa tasación -advierte- sorprende que en apenas 20 carillas se haya podido efectuar la valuación de una empresa de la magnitud de YPF" y apunta que no se informa sobre "cómo se efectuó la tasación, qué valores de referencia fueron tomados en cuenta, qué montos surgen de la documentación contable de la empresa y la amortización de los bienes", así como distintos criterios para la cotización que, afirma, debieron ser tenidos en cuenta.

Aparte, puntualiza que en la tasación se informa que se consideraron los pasivos medioambientales "tal como fueron expuestos en los estados contables de la sociedad, pero en ningún caso se hace mención a los mismos" y advierte que se presume la "existencia de posibles pasivos ocultos" que no fueron considerados.

Si la Cámara de Diputados concreta la ratificación del acuerdo amistoso con el voto del kirchnerismo y aliados el acuerdo entrará en vigencia, ya que también fue aprobado en Madrid por el directorio de la empresa española.