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22:43:48 09/03/2023

La Legislatura de Santa Fe acelera proyectos para enfrentar la crisis en seguridad

Con la crisis en seguridad como imán del debate, y sin escatimar cruces por el tenor de las apuestas para tratar de revertir el estado de situación, especialmente en Rosario, la Legislatura santafesina avanzó este jueves con proyectos destinados a fortalecer la lucha contra el delito complejo en la provincia.

A principios de semana, el gobernador Omar Perotti había habilitado el tratamiento en sesiones extraordinarias de tres proyectos de ley ligados a la seguridad.

Una de las iniciativas requería la modificación del Código Procesal Penal, “estableciendo que, si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”.

Otro de los proyectos disponía la creación del Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos. Una medida destinada a evitar el robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública.

La restante iniciativa fogoneaba la incorporación del artículo Nº 221 bis al Código Procesal Penal provincial, acerca de la prisión preventiva, “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de género”. Sobre los tres proyectos habían pedido preferencia los familiares de víctimas de la inseguridad.

Antes del inicio de las respectivas sesiones se desarrolló una reunión conjunta del Senado y Diputados de Santa Fe para analizar y avanzar con la ampliación del temario de proyectos pedida por la Casa Gris. En paralelo, la Legislatura viene estudiando una nueva emergencia en seguridad, razón por la cual en la Cámara baja esperan al ministro del área, Claudio Brilloni, a la brevedad.

Posteriormente, el Senado votó con cambios (en los artículos 219, 220 y 221) el proyecto que pretende modificar el Código Procesal Penal (prisión preventiva por tenencia de armas), razón por la cual la iniciativa volvió a Diputados, que la tratará en los próximos días. Además, la Cámara alta convirtió en ley el registro de metales no ferrosos.

La sesión deparó también duras arengas. Como la del senador radical Lisandro Enrico, quien sostuvo que “no es para tibios el momento que atraviesa Santa Fe” al defender las modificaciones a la propuesta sobre el Código Procesal Penal que había llegado al cuerpo con media sanción de Diputados. Y enfatizó: “No estamos acá para votar lo que quieren los jueces. Hacemos las leyes porque nos elige la gente”.

A su turno, el senador peronista Raúl Gramajo sostuvo que en la provincia “hay una realidad que se debe atender con leyes que permitan a los santafesinos y santafesinas salir tranquilos a la calle”.

Paralelamente, Diputados le dio luz verde a la propuesta que dispone prisión preventiva a quienes violen distancias perimetrales ordenadas por la Justicia. Y votó una resolución que faculta al presidente de la Cámara baja, el socialista Pablo Farías, a convocar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para tratar el combate a la narcocriminalidad.

Durante la sesión, el diputado Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), titular de la comisión de Seguridad, criticó a Perotti por no cambiar al director del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, y advirtió que las cárceles “son un colador”.

Es que, en la previa a la sesión, el legislador radical había pedido al gobernador que incluyera en el temario de extraordinarias tres proyectos, entre ellos uno vinculado al régimen penitenciario de los denominados presos de alto perfil.

Al tiempo que la diputada socialista Lionella Cattalini saludó la conversión en ley del proyecto (planteado junto al peronista Oscar Cachi Martínez) que busca acotar la comercialización de cables robados, su par Joaquín Blanco destacó la actitud de la Cámara baja, con mayoría opositora, de “no poner palos en la rueda” al Ejecutivo provincial.

Además, el legislador volvió a reclamar la presencia de Brilloni y otros funcionarios de la Casa Gris en Diputados poder avanzar con la nueva emergencia en seguridad que, frente a una ola de violencia sin tregua, consideró que debe erigirse en una “ley de transición” hacia el próximo gobierno santafesino.