El presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador, lamentó que el Estado nacional estuviera cinco años sin actuar ante amenazas y extorsiones sufridas por jueces y fiscales vinculados a causas de narcocriminalidad y que volvieron a ponerse estos días sobre el tapete tras las amenazas sufridas por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, y otros funcionarios. "Hubiéramos deseado que en 2018 se tuvieran en cuenta las amenazas a jueces y fiscales", señaló hoy.

El jueves de la semana pasada, el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella fueron amenazados de muerte mediante un mensaje de WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron "balas y granadas".

Salvador se refirió a la comunicación telefónica a través de la cual el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, le pidió al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, "protección para los jueces y fiscales".

En ese sentido, Salvador consideró que "el involucramiento del presidente de la Corte ante una amenaza a un juez federal revela la trascendencia y magnitud que está teniendo esta problemática no solo en Rosario sino en toda la provincia".

El titular del Colegio de Magistrados recordó que desde 2018 vienen advirtiendo sobre esta situación. Más allá de las balaceras y las amenazas a funcionarios judiciales santafesinos por el hecho de juzgar hechos de criminalidad organizada, Salvador consideró que "el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe dio sobradas muestras de que no va a claudicar ante una amenaza o una intimidación".

Sobre el corrimiento de los límites de las amenazas, que ahora involucran a funcionarios políticos, destacó que la situación "viene in crescendo". Analizó: "Lo que ahora tenemos claramente identificado es que en la mayoría de los casos esas situaciones se originan en los lugares de detención donde los líderes de las bandas de criminalidad organizada están privados de su libertad y sin embargo siguen organizando estos hechos intimidatorios".

Salvador admitió que "a pesar de las amenazas e intimidaciones "la Justicia santafesina "siguió adelante y logró individualizar a los responsables de esa balaceras". Seguidamente, llamó a la reflexión a todos los poderes del Estado "para que asuman la responsabilidad que les corresponde, para que se pueda evitar la proliferación de esos mensajes amenazantes".

"No solo desde los penales de Santa Fe, sino en el de Rawson, en el de Marcos Paz y en Ezeiza, que es donde están alojados los principales líderes de estas bandas, se producen las amenazas a jueces y fiscales", redondeó.

"Desde 2018 estamos transitando esta situación. Hubiéramos deseado que en ese momento también se tuviera en cuenta esta situación. Bienvenido sea que después de cuatro años esto tiene trascendencia en la capital del país", amplió Salvador para admitir finalmente que "se perdieron cinco años" antes de que Nación se involucre definitivamente en esta problemática.