El costo de vida para una familia de los barrios populares de Rosario trepó en diciembre a $201.742, lo que significa un aumento del 93% en el transcurso del 2022. El dato se desprende de un relevamiento realizado por la diputada Lucila De Ponti junto al Ceso (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz) el cual registra y compara regularmente el consumo en barrios representativos como Casiano Casas, La Sexta, Bella Vista y Mangrullo.

El estudio indicó que solamente para cubrir las necesidades indispensables de alimento, un hogar debe destinar como mínimo $81.806 y un adulto rosarino necesita $26.474 para no caer debajo de la línea de indigencia. Los alimentos básicos siguen liderando los aumentos: de los 37 productos analizados, 21 superaron el 100% de aumento, e incluso 3 de ellos superan el 200% (fideos secos tipo tallarín 208%, papas negras 249% y cebollas 298%).

Un claro ejemplo de esto se verificó también en la Canasta Navideña, la cual arrojó un aumento del 97% respecto a lo que costaba en diciembre 2021. Los productos que más aumentaron son el atún en aceite (+127%), y la garrapiñada (+112%), mientras que el Pan Dulce fue el producto que menos variación anual tuvo (+74,77%).

“La inflación en general y especialmente la suba de los alimentos esenciales impacta principalmente en los sectores de menores recursos, porque deben aportar la mayor parte de sus ingresos para garantizar sus necesidades básicas”, explicó la diputada Lucila De Ponti. Para la legisladora del Movimiento Evita, “La brecha entre ingresos y el costo de vida continúa ampliándose y esto se traduce en una mayor desigualdad”.

Al comparar el Costo de Vida con diferentes ingresos de referencia, se evidencia una caída del poder adquisitivo. El salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) de $57.900 cubre apenas el 29%. Tampoco cubren el Costo de vida el salario promedio de un obrero de la construcción (67%), de un empleado de comercio (63%), y de trabajadores de casas particulares (41%).

“En nuestro país, una de cada cinco familias argentinas nació y vivió en pobreza en los últimos 25 años. Se trata de toda una generación obligada a encontrar estrategias de supervivencia en la informalidad, con precariedad y sin respuestas de la sociedad. Nuestra responsabilidad es reconocer lo que existe e intentar transformarlo”, explicó De Ponti.

“Uno de los caminos es tratar de acercar a productores y consumidores, eliminando los eslabones especulativos en la formación de precios, lo que permite cuidar el poder adquisitivo. Los mercados de la economía popular son una experiencia que demuestra que un comercio más justo es posible”, aseguró.

“En ese sentido, presentamos una ley de fomento para la economía social que propone créditos a tasas accesibles, exenciones impositivas y acceso a espacios de comercialización para productores de alimentos de consumo regional. Todos los esfuerzos deben concentrarse en acompañar esta situación que ya no admite demoras”, finalizó.