Tras el fracaso de la audiencia de conciliación, el conflicto en el Puerto de Rosario se agravó. El Sindicato Unido de Trabajadores Portuarios (Supa) dispuso un paro por tiempo indeterminado en las terminales ubicadas al sur de Rosario.

El secretario general del gremio, César Aybar, señaló que el puerto de Rosario “está totalmente parado, se realizó una audiencia ordenada por el ministro de Trabajo. Estuvimos presentes", y destacó: "La empresa estuvo presente pero no quiso participar y se retiró. Esa situación quedó asentada en las actas y nuestro gremio se presentó después ante la Fiscalía Federal en turno".

“Hicimos las denuncias penales pertinentes porque la empresa, a partir de un procedimiento de crisis que no está homologado por el gobierno nacional, está reteniendo los aportes por contribuciones sociales y los aportes jubilatorios. Hicimos una denuncia penal para que se investigue la comisión de delito que recae sobre las terminales del grupo Vicentin y Ultramar”, agregó.

Además, remarcó que “al no tener la empresa voluntad negociadora, el gremio decretó un paro por tiempo indeterminado en todas las terminales portuarias donde tenemos jurisdicción, es decir Servicios Portuarios, en Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Arroyo Seco y General Lagos. Esas terminales están totalmente paralizadas”.

Aybar agregó que en las próximas horas se realizará una reunión con el secretario nacional del Supa a nivel nacional, Marcelo Suárez, y que el Ministerio de Trabajo convocó a otra audiencia vía Zoom. “Si no tenemos ninguna respuesta de la empresa en cuanto a la reincorporación de los compañeros y sobre el pago de sueldo, más todos los reclamos que planteamos, habrá medidas de fuerza a nivel nacional y todos los puertos del país pararán”, agregó.

A modo de racconto de la situación, Aybar recordó que el gremio “tenía un acuerdo salarial, en el que figuraba una cláusula de revisión de sueldos, que se tenía que discutir. Se había acordado que ante el avance de la inflación y el deterioro del salario, teníamos que sentarnos a discutir salarios. Cuando nos aprestamos a esas reuniones por este tema, la empresa respondió con el despido de personal. Fuimos a diferentes espacios de conciliación obligatoria, que fue violada por parte de la empresa porque no pagó los sueldos y dejó al personal cesanteado”.

“Esto derivó en una serie de acciones gremiales y en denuncias ante la Afip y Anses, donde ya se están haciendo las inspecciones de rigor. El conflicto sigue escalando, no queda otra alternativa. Estamos a 14 de diciembre y los compañeros no tienen qué comer, sin salarios por percibir. Esto dejó de ser una cuestión salarial. Es un conflicto político, porque la empresa pretende 50 años más de concesión. También decimos que hubo una reunión en el consejo directivo del Enapro donde planteamos a la empresa en varias ocasiones que no están cumpliendo con nada de lo que se pide en la concesión. No hay inversiones en infraestructura, ni en higiene y seguridad, ni hablar de las violaciones a los derechos laborales. Esta situación la tiene que resolver el gobernador de la provincia. Así, el puerto no puede seguir”, subrayó.