El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos halló culpable al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y ex diputado provincial por el Frente de Todos, José Ángel Allende. El sindicalista fue acusado de robarle 1,2 millones de dólares al Estado durante los últimos 22 años y propuso devolver el dinero para no tener que ir a prisión.

“¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?”, le preguntó el juez en la audiencia de hace una semana que se transmitió en vivo desde las redes sociales del Tribunal. La respuesta de Allende se escuchó claramente y sin medias tintas: “Sí, señor juez”.

La pena por la que se lo imputa es de dos años y ocho meses, pero tras el acuerdo al que llegó con la Justicia, no pasará un solo día en prisión.

Sin embargo, la condena estipula la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y la entrega de dos propiedades (una de ellas ubicada en la zona más elegante de la ciudad de Paraná, el Parque Urquiza). La primera de ellas está valuada en U$S 720.922, y otra de 378.289 dólares. Al mismo tiempo, pagará en efectivo, un monto superior a los 3 millones de pesos.

Allende fue legislador provincial hasta 2019 y posee un patrimonio declarado superior a los 5 millones de dólares.

La Justicia también sobreseyó a los tres hijos de Allende, que trabajaban junto al imputado, a su actual mujer Adriana Satler, y a su ex esposa Diana Traverso, que actualmente trabaja para el gobierno provincial que encabeza Gustavo Bordet.

Pero Allende no es el único implicado en el caso. Justamente el gobernador Bordet podría tener algunas complicaciones tras la confesión del sindicalista. Otro nombre que ha surgido en las audiencias es el de Sergio Urribarri -fue gobernador de Entre Ríos desde 2007 a 2015-, actual embajador en Israel, quien también tiene sus propias causas abiertas donde se lo investiga por el supuesto desvío de fondos de la campaña con la cual intentó ser uno de los precandidatos justicialistas a la presidencia.