A la espera de los dólares de la cosecha gruesa, el Gobierno nacional parece haber reforzado el cerrojo a la salida de divisas vía importación, y cada vez son más las empresas con serias dificultades para traer algo de afuera. Las trabas no exceptúan rubro ni tampoco tipo de productos, ya que incluso bienes de capital y otros intermedios no fabricados en el país llegan a cuentagotas. Como resultado de esta política, se truncan procesos productivos en plena etapa de recuperación, se disparan los precios ante la escasez de ciertos insumos y se multiplican los recursos de amparo.

El Banco Central dijo esta semana que decidió flexibilizar el acceso a dólares para empresas que tengan que pagar deudas o enviar utilidades a sus matrices en el exterior. Para eso favorecerá en ingresos de capitales destinados a proyectos de inversión en comercio exterior. En breve habilitará el uso de divisas provenientes de exportaciones para esos fines. Para el resto parece seguirá complicado.

“Hay un enorme desorden y falta de transparencia sobre todo en la emisión de Licencias No Automáticas (LNA) que está generando un gran cuello de botella”, manifestó el abogado especializado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, Marcelo Abaca. Admitió que en los últimos meses crecieron las consultas recibidas de parte de empresas con estos inconvenientes, y que ante la falta de respuestas de las autoridades, en muchas ocasiones no les quedó otra que recurrir a la vía judicial.

“Vamos a iniciar dos amparos: uno con una constructora que no puede ingresar puertas, y otro con una firma electrónica a la que no le autorizan una serie de insumos”, detalló el letrado. Lo curioso es que esta última es proveedora del Estado y está requiriendo elementos para producir equipamiento destinado a programas del Ministerio de Educación. Es decir, el Estado pone trabas para concretar sus propios proyectos.

También se frena el incipiente proceso de recuperación económica, al impedir, por ejemplo, a una constructora rosarina ingresar equipos usados pensados para sumar producción, a empresas de maquinaria agrícola importar gomas o tolvas que no se fabrican nacionalmente, y a metalúrgicas abastecerse de aceros y chapas que la industria local no alcanza a proveer. “La matriz importadora argentina es claramente productiva, ya que el 83,5% de lo que ingresa son insumos, partes intermedias y bienes de capital para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Por eso, si afectás la importación, afectás la producción y ponés un techo muy bajo a la recuperación”, analizó Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.

Pero además genera otros efectos adversos, porque ante la escasez, y al no saber con exactitud cuándo se podrá volver a importar (y teniendo en cuenta la tendencia de muchos de ajustar de más "por las dudas"), se produce una fuerte remarcación de los costos en dólares que se termina trasladando al precio final del bien. De este modo se atenta contra uno de los objetivos del Gobierno como es el de contener la desbocada inflación. En el caso de los exportadores, terminan perdiendo competitividad internacional por los permanentes ajustes de costos y la falta de previsión sobre la disponibilidad de la mercadería. A la larga, se les caen mercados en un contexto de crisis económica mundial, y cuando precisamente el Estado argentino está ávido de divisas.

“Inicialmente se advierte que las demoras en las autorizaciones pueden ser de 60 días, pero se sobrepasa largamente ese periodo, y hay casos en los que las empresas presentaron toda la documentación, con las proyecciones anuales de importaciones y exportaciones, y la AFIP nunca les responde”, manifestó la despachante de aduana Claudia Barone. Ante eso se debe repetir el trámite, otra vez esperar y algunas van saliendo, pero otras quedan en un eterno stand by y la única alternativa posible es la presentación judicial.

Otro obstáculo tiene que ver con la pésima estructura de la Justicia Federal rosarina, que hoy sólo cuenta con una única jueza (Sylvia Aramberri) ocupando ambos Juzgados con la ayuda de otro magistrado de Venado Tuerto (Aurelio A. Cuello Murua) que viene a la ciudad cada 15 o 20 días. A esto se suma que, al decir de quienes caminan los Tribunales Federales, ninguno de los dos suele meterse en estos temas, lo que deja a la parte afectada sin ningún interlocutor válido y teniendo como única opción recurrir a Buenos Aires.

“Está bien que se controle qué ingresa y qué no, pero hay una clara falla en la instrumentación y encima se concentra toda eventual resolución en Buenos Aires. Hay una enorme falta de recursos humanos, que ahora se justifica con la pandemia, pero que siempre existió. La Provincia tampoco cuenta con nadie preparado para articular con Nación y resolver estas cuestiones”, cuestionó Abaca. La sospecha es que todo este armado parece estar hecho para beneficiar a las empresas y estudios porteños, con fluidos contactos donde se autorizan o no las importaciones.

Pero claro está, los desfavorecidos no se quedan de brazos cruzados. “En este momento, hay más recursos de amparo presentados que en la época de Guillermo Moreno, y posiblemente sigan creciendo porque están saliendo algunos fallos favorables”, dijo Ponce, aunque alertó: “Esto termina siendo un negocio para los abogados porque quita competitividad industrial, ya que los costos extra y las demoras (que pueden ser de meses) se terminan trasladando a precios”, cerró.

Fuente: Ecos365