Un incremento patrimonial de al menos dos millones de pesos durante los tres años que se desempeñó como fiscal regional de Rosario y un desfasaje financiero de dos millones y medio entre sus ingresos y sus gastos durante ese período fue el principal argumento esgrimido por el fiscal Luis Schiappa Pietra para pedir una prórroga de la prisión preventiva de Patricio Serjal en el marco de la causa en la que está imputado de haber brindado protección judicial a un capitalista de juego ilegal a cambio de dinero. Y si bien la defensa solicitó la libertad del ex funcionario, la jueza Eleonora Verón dictó la continuidad de la medida cautelar y Patricio Serjal seguirá detenido al menos hasta el próximo 2 de febrero.

Sin embargo, ese no fue el único avance expuesto por el fiscal durante la audiencia realizada la tarde del lunes por videoconferencia. Además los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos dieron cuenta de nueva información sobre la red de extorsiones y juego clandestino a la que, según la acusación, protegía Serjal junto con el también destituido y detenido Gustavo Ponce Asahad. En ese sentido, mencionó que en los últimos tres meses hubo sobre en esa red nuevas imputaciones y juicios abreviados en los cuales hasta ahora tres de sus miembros admitieron los delitos que se les atribuyeron.

Si bien durante la audiencia realizada por videoconferencia la defensa había solicitado la libertad o, en forma subsidiaria, una morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario, la jueza de primera instancia acordó con el pedido del fiscal Luis Schiappa Pietra y prolongó la prisión efectiva para el ex funcionario, detenido desde agosto pasado, por otros 90 días.

Varios delitos

Serjal fue imputado el pasado 11 de agosto como coautor de varios delitoscomo cohecho pasivo, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución y peculado de servicios, figuras agravadas por su condición de funcionario público. Desde entonces está detenido con prisión preventiva.

Una semana antes había sido apresado el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, a quien el capitalista del juego Leonardo Peiti sindicó como quien recibió en su nombre y en el de Serjal una mensualidad de entre cuatro y cinco mil dólares para mantenerlo a salvo de allanamientos o investigaciones en su contra.

Peiti formuló estas acusaciones contra ambos ex funcionarios antes de ser imputado como miembro de una red que combinaba extorsiones y juego ilegal, un emprendimiento delictivo que se le atribuye a miembros de la banda de Los Monos.

Según la acusación, los fiscales incurrieron en delitos tales como falsear documentos, transmitir información reservada y no investigar hechos que podrían constituir delitos, es decir todo lo contrario al deber de un fiscal. Además de los fiscales, en este expediente está imputado Nelson Ugolini, un empleado judicial que trabajaba con Ponce Asahad y a quien se le atribuye pasarle la información sobre allanamientos a casas de juego clandestinas por la cual Peiti pagaba su protección.

Por esas acusaciones Serjal quedó con prisión preventiva por 90 días y, tal como marca el código procesal penal de la provincia, para renovar la medida los fiscales debían exponer argumentos en tal sentido, es decir nuevos elementos de la investigación que ameriten mantener en prisión a un imputado. Al término de la audiencia Schiappa Pietra, uno de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que investiga a Serjal y a Ponce Asahad hizo una reseña de lo expuesto durante la audiencia.

“En estos 90 días analizamos la situación patrimonial de Serjal desde que asumió como fiscal regional, en abril de 2017, hasta ahora. Así detectamos un incremento patrimonial de 2 millones de pesos y un desfasaje financiero de dos millones y medio, entre sus ingresos y sus gastos durante el período en el que se desempeñó como fiscal regional en el que, obviamente, también percibió un sueldo más importante. Si bien es algo que esgrimimos de manera provisoria, porque se trata de análisis muy complejos y no están agotados todos los estudios económicos financieros al respecto, la jueza valoró esta información como avances en la investigación a la hora de dictar la prórroga de la prisión preventiva para Serjal”, sostuvo Schiappa Pietra, y deslizó entre los elementos bajo análisis la compra de un terreno.

Sin embargo ese no fue el único avance exhibido ante Verón, ya que el fiscal refirió nueva información sobre la banda a la que supuestamente protegían los ex funcionarios.

 “Cuando en agosto imputamos a Serjal veníamos investigando a una organización vinculada a extorsiones que, a partir de la aparición de Peiti, nos abrió pistas vinculadas al juego ilegal. Hay que tener en cuenta que la recaudación del juego legal se estima en unos 1.100 millones de pesos mensuales y el dinero que mueve el juego ilegal se estima en base a esos montos. Por eso le explicamos a la jueza que estamos ante una investigación que se nos abre hacia un terreno con vinculaciones de distinto orden, teniendo en cuenta que se está demostrando la incumbencia de la participación policial en el soporte para esas organizaciones”, abundó el fiscal.

Al respecto se recuerda que días atrás fueron imputados cinco altos jefes policiales por sus vínculos con David Alejandro Itatí Perona, un importante capitalista del juego ilegal con base en Rafaela.

“Ahora va quedando claro que el funcionamiento del juego ilegal en la provincia no sólo tenía el respaldo de agencias policiales sino de la también de la propia conducción del MPA de Rosario que le permitió continuar con ese negocio”, agregó Schiappa Pietra en alusión a su otrora jefe regional.

Entre los hechos que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le imputaron a Serjal está haberse reunido con Peiti en un hotel de Buenos Aires para ratificar el acuerdo que el empresario tenía con Ponce Asahad, que consistía en abonarle entre cuatro y cinco mil dólares por mes.

En ese sentido, los fiscales adjuntaron evidencia de los encuentros que los acusados negaron haber mantenido; por ejemplo, imágenes de cámaras de vigilancia públicas en los que aparecen Peiti y Ponce Asahad o comprobantes de que el capitalista de juego se alojó al mismo tiempo que Serjal en un hotel porteño.

Otro hecho delictivo que se le atribuye a Serjal es haber recibido información del Organismo de Investigaciones sobre una red de juego clandestino y luego informar a Peiti, a través de Ponce Asahad, que estaba siendo investigado. En ese marco los ahora ex fiscales, según la acusación, le requirieron al capitalista de juego cien mil dólares para evitar que prosperara esa investigación y, en todo caso, presentarlo como una víctima de esa red.