El ex fiscal regional Patricio Serjal seguirá detenido en la causa en la que está imputado por actos de corrupción. El camarista Guillermo Llaudet confirmó la medida de prisión preventiva por 90 días que pesa sobre el destituido funcionario, aunque aclaró que de prolongarse ese plazo deberá sumarse avances a la investigación, para la que sugirió ajustes, o revisar si subsisten riesgos procesales. Si bien fue cauteloso con la figura cercana a la de “arrepentido” en la que situó a Leonardo Peiti, el capitalista de juego que dijo haberle pagado a Serjal por protección judicial, evaluó que las pruebas son múltiples y no se reducen sólo a ese aporte.

Sobre esos argumentos giró la decisión que Llaudet dio a conocer el miércoles al mediodía, tras la apelación que había presentado el viernes la defensa del ex fiscal en reclamo de su libertad o la prisión domiciliaria. El juez de segunda instancia decidió confirmar la situación del profesional: dijo que la medida se justifica en este primer tramo de la pesquisa.

Consciente del impacto institucional de la causa, Llaudet declinó de notificar su decisión por escrito, como se estila en estos casos, y citó a las partes a una audiencia que se realizó este miércoles por videoconferencia a partir de las 11. A lo largo de media hora repasó los requisitos que se precisan para mantener a una persona en prisión preventiva, hizo apreciaciones sobre el desarrollo de la causa y finalmente convalidó la decisión que había adoptado la jueza de primera instancia Eleonora Verón el 11 de agosto pasado.

Ese día Serjal fue imputado por cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y falsedad ideológica de documento público. La jueza le dictó la prisión preventiva por 90 días. Para Llaudet, ese plazo es razonable y ajustado a las pruebas.

El ex conductor regional del Ministerio Público de la Acusación fue imputado por los fiscales de Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Una semana antes había renunciado a su cargo como fiscal regional de Rosario envuelto en la escandalosa detención del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y del empleado judicial Nelson Ugolini.

La caída de Serjal fue detonada por las declaraciones del empresario de juego Peiti, imputado como miembro de una red que combina el juego ilegal y la extorsión comandada por miembros de Los Monos. Antes de entregarse denunció que desde fines de 2018 les pagaba a Ponce Asahad y a Serjal entre 4 y 5 mil dólares por mes a cambio de protección judicial ante allanamientos o investigaciones en su contra.

Los fiscales iniciaron entonces una investigación que terminó con Ponce Asahad y su empleado presos por 90 días. Eso precipitó la renuncia de Serjal, a lo que el gobernador Omar Perotti respondió con la destitución de su cargo. Luego fue imputado por favorecer a Peiti con actos de corrupción.

Esa es la medida que apeló su defensa, a cargo del estudio Lima de San Nicolás: planteó que fue víctima de una operación política, responsabilizó a los coimputados Ponce Asahad y Ugolini y remarcó que está detenido en base a los dichos de un acusado que no es creíble.

Al revisar la causa que involucra a “todas las estructuras investigativas” del MPA, Llaudet hizo notar la “tensión” constitucional que supone en una pesquisa la figura de una suerte de arrepentido como Peiti. Dijo que de estar posicionado en una red de juego y extorsión ligada a Los Monos “mutó en su consideración mediática a empresario de juego” y sugirió que se investigue su patrimonio.

No obstante, consideró que los fiscales no estructuraron su imputación sólo en ese aporte, al que situó como “uno más” en un “múltiple horizonte evidencial”. Sostuvo que los elementos de convicción son suficientes para esta etapa: “La potencial responsabilidad penal de los imputados resulta innegable”, consideró. En ese marco, recomendó que la investigación precise de los roles de cada uno de los involucrados en el plan criminal y, de ser necesario, se realicen ajustes en el encuadre penal.

Finalmente consideró que los 90 días de arresto preventivo se justificaron al inicio de la pesquisa, en medio de un cimbronazo institucional con recambio autoridades, “potenciales lealtades en crisis” e investigaciones internas. Pero sugirió aportar nuevos elementos si se pretende ir más allá de ese plazo. O revisar si Serjal sigue siendo peligroso procesal teniendo en cuenta que, si bien reseteó su celular, renunció a sus fueros y la mayor parte de la investigación se hizo con el acusado en el cargo.