El empresario K Lázaro Báez obtuvo la excarcelación por parte de un tribunal oral federal, pero recién la podrá hacer efectiva cuando deposite una fianza de 632 millones de pesos y tendrá que utilizar una tobillera electrónica, además de tener la obligación de presentarse en los tribunales cada 15 días.

Báez saldrá en libertad tras cuatro años y dos meses de prisión preventiva, y ya trascendió que vivirá en una casa de un barrio privado de Pilar.

Esta resolución judicial corresponde a la causa conocida como M&P, en la que Báez estaba imputado por haber sido partícipe de una maniobra de lavado de dinero por más de 125 millones de pesos

El fiscal Abel Córdoba ya había expresado su opinión favorable para la liberación del empresario vinculado a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo. Y dictaminó el uso de una pulsera electrónica con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 kilómetros del tribunal, y se fije una fianza “en el equivalente en pesos a 5.500.000 dólares”.

Con respecto a la abultada cifra de la fianza, explicaron que surge de la diferencia entre el monto que se había depositado en una cuenta en Bahamas, unos 10 millones de dólares, y los 4,5 millones de la moneda estadounidense que la Justicia logró congelar.

La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado 127.624.184 de pesos.

La investigación de M&P arrancó en julio de 2016 a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS). Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.