El caso Vicentín, la agroexportadora que se declaró en cesación de pagos por una deuda de u$s 1.400 millones, tuvo durante la semana un capítulo judicial importante. Fue a partir de la presentación que realizó la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) de Santa Fe ante el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, para pedirle que revea la decisión de restituir al directorio de la compañía defaulteada y de recortar las funciones de los interventores nacionales.

En un escrito de contenido muy duro con la resolución del juez, y en el que también reclama que a través del gobierno de Santa Fe se acepte una intervención tripartita, la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, realiza un análisis del entramado societario de Vicentin, objeta por falta de idoneidad a los directores de la firma y recuerda las causas penales abiertas.

En la presentación solicita la intervención de la empresa porque “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.

Por eso, la titular de la IGPJ pidió al juez que desplace al directorio de Vicentin SAIC para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores: Gabriel Delgado, Luciano Zarich y el santafesino Alejandro Bento.

La presentación se fundó en “el poder de policía societaria” que la ley le asigna a la IGPJ y apunta, dijo, a otorgar “continuidad y transparencia al manejo societario” para construir a la conservación de la empresa. Precisamente, la funcionaria advierte sobre la opacidad del entramado societario tejido por los dueños de la concursada.

Stratta describe a Vicentin como “un grupo de 20 sociedades-empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas y que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso”. Y que tienen entre sí relaciones que “no coinciden con las que declara en su sitio web”.

Señala que Vicentin Saic está vinculada con muchas sociedades pero “controlaría muy pocas”. En buena medida porque hace unos años, tres sociedades constituidas en el extranjero, Vicentin Familia Grupo, VFG Inversiones y Actividades Especiales, e Industria Agroalimentaria Latam, le compraron las acciones de las sociedades que antes controlaba.

Explicó que las tres firmas se habían constituido con otro nombre, por ciudadanos uruguayos y con capital mínimo. A las tres se les modificó la denominación y se les incrementó el capital el mismo día: 23 de julio de 2014. En las tres se designó como directores a personas que también integran el directorio de Vicentin Saic.

Para ejemplificar la complejidad societaria armada por el grupo, Stratta menciona que Vicentin Family Group controla a VFG; que VFG controla a Latam VFG, y que esta empresa, a su vez, es titular del 97% de las acciones de Algodonera Avellaneda SA. En esa firma, Vicentin SA detenta el 3%.

Además, VFG es titular del 50% de las acciones de Friar SA (en la que Vicentin SA participa con 0,39%), mientras que Latam controla en un 97% a Sir Cotton SA (firma agropecuaria y algodonera) siendo Vicentin SA titular del 3% restante”. Pero a su vez, Sir Cotton SA es socia por mitades con Vicentin Saic en Renopack SA.

La complejidad de “la trama de sociedades que controlan a otras y que, a su vez, son controladas por una tercera” y en que la se repiten algunos miembros de los directorios es tal, que la titular de la IGPJ le dice al juez que “es probable que a esta altura el Tribunal haya perdido la posibilidad” de seguirla.

No obstante, explica que Vicentin Family Group controla ahora las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentin Saic y sugiere que “es verosímil que esa sociedad uruguaya, cabeza del grupo, esté conformada por los socios de Vicentin SA”.

Stratta contrasta este entramado con la estructura de activos informada por la empresa en el concurso. Y concluye que el control de Vicentin Saic “parece circunscribirse a sociedades constituidas en el extranjero: Vicentin Paraguay, Vicentin Europa y Vicentin Brasil”. Pero también controla a nivel local a Diferol SA, con objeto financiero y de inversión, y Oleaginosa San Lorenzo SA, que en el concurso se menciona como “aquella a través de la cual opera importantes volúmenes en el sur de la provincia”. La funcionaria advierte que no se menciona a Vicentin Desarrollos SA, una sociedad de reciente constitución, en la que participan Oleaginosa San Lorenzo SA y Sir Cotton SA, por mitades. La sospecha es que la firma “parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria”.

El documento puntualiza que, de acuerdo a la información que la propia Vicentin presentó en el expediente del concurso, la empresa tiene activos por unos $ 100.000 millones, similares a las deudas. Pero Stratta matiza esta afirmación porque la capacidad de pago está ligada “al flujo de fondos que la continuidad de las actividades empresarias produzca”. Esta continuidad, advirtió, no está garantizada por la conducción empresaria. De hecho, alertó que siguen apareciendo empresas vinculadas no informadas y que varios directores el grupo comenzaron, después de la cesación de pagos, “febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios”.

Un aporte clave fue la presentación conjunta que realizaron e los trabajadores aceiteros en el mismo juzgado de Lorenzini, para apoyar el pedido de intervención que hizo la titular de la IGPJ de Santa Fe.

La presentación fue realizada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara), en forma conjunta con el Sindicato de Aceiteros de Reconquista y de San Lorenzo. Allí respaldaron el pedido de intervención y desplazamiento de los directivos porque “llevaron a la empresa a esta gravísima situación” y construyeron “el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico”.

Al mismo tiempo, solicitaron al juez un estado de activos y pasivos de cada empresa del grupo económico y pidieron que se exija a Vicentin Saic presentar el balance anual cerrado en octubre de 2019, certificado por un profesional independiente. Es que los gremios alertaron que el pasivo de la empresa es superior. Y recordaron que el peso se devaluó más de 15% desde el 9 de febrero de 2020, fecha de corte del cálculo de la concursada.