El Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, descartó que desde el Poder Ejecutivo se evalúe la liberación masiva de detenidos de las Unidades Penitenciarias de la Provincia.

Somaglia ratificó la decisión del gobernador Omar Perotti, mientras dure la cuarentena, “de sostener las medidas de restricción en cuanto a libertades condicionales y salidas transitorias, al igual que el ingreso de visitas a las cárceles, que están suspendidas", al igual que "el mayor control de profilaxis de la entrega de la comida por parte de los familiares, extremando todas las medidas de seguridad tanto en la población carcelaria como los celadores con medidas de seguridad sanitaria”.

“El gobierno no está pensando en medidas que puedan flexibilizar la situación procesal y de privación de libertad de los internos, al contrario, la decisión es extremar las medidas de profilaxis y el control de la seguridad y salud de los mismos”.

El gobierno provincial hizo pública su posición tras una nota publicada en un matutino de la ciudad  donde se plantea que "en los últimos nueve días el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario gestionó unos 300 trámites vinculados con pedidos de excarcelaciones de personas que están en unidades penitenciarias o penales policiales de esta jurisdicción. Los reclamos provienen de hábeas corpus con pedidos de libertades definitivas o atenuadas por presos que están expuestos por su condiciones de salud, o bien con solicitudes de prisión domiciliaria, para aquellos que pueden estar en condiciones de recibirla, pero que siempre depende de la decisión de un juez".

Es resorte exclusivo del Poder Judicial, evaluar ante pedidos concretos la resolución de flexibilizar o instruir alguna medida de sustitución de prisión carcelaria por prisión domiciliaria, los jueces de turno van a solicitar, como se está produciendo informes acerca de la situación de los internos, para que puedan evaluar las situaciones particulares, señaló el Secretario de Justicia de la Provincia.

"No hay que generar expectativas, ni en los internos ni en sus familias, de que puede haber flexibilidad en el tratamiento de pedidos de libertades. Esto es resorte exclusivo del Poder Judicial, se analiza caso por caso y cada decisión requiere informes que no se hacen de un día para el otro".

 “Vamos a tener un mapeo muy estricto en estas horas, de tres grandes grupos de la población carcelaria sobre cuáles son las personas en situación de riesgo mayores de 65 años, calificándolos por la pena, tiempo que llevan cumpliendo la condena, cuál es la situación procesal y cuál es la situación de salud. Por otro lado están aquellos que cuentan con enfermedades terminales. Y se evalúa la población carcelaria femenina, que cuenta con mejor situación de profilaxis al no haber superpoblación”.

El funcionario sostuvo que externalizar un detenido del área donde hay una extrema profilaxis de control y posibilitarle ir a su domicilio y quedar detenido allí sugiere que el riesgo pueda ser mayor en medio de la pandemia Covid 19.

Somaglia sostuvo para finalizar que “se están armando espacios físicos de aislamiento para quienes estén en mayor riesgo, entre 80 y 90 nuevas plazas a ese fin y debemos entender que coexisten muchos derechos, los derechos de los reclusos, la protección de la salud pública y de la seguridad pública, y el Estado debe velar por todo eso a la vez”.