Una jueza civil y comercial de Rosario falló a favor de la seguridad alimentaria y la salud de la población a través de una resolución por lo que obliga a los gobiernos provincial y municipal a realizar controles semanales en frutas y verduras, como a mantener informada a la población de esas actividades través de un portal web oficial. El proceso judicial que busca detener el uso de agrotóxicos fue impulsado en conjunto por un abogado ambientalista y el Taller Ecologista.

Según divulgaron los activistas en un comunicado, el proceso judicial se inició en 2013 con un pedido de información ambiental. "Hicimos un rastreo para ver si los controles de agrotóxicos presentes en verduras y frutas se estaban realizando. Tuvimos varias instancias, tanto ante las autoridades provinciales como municipales. Ellas respondieron que los hacían, pero nunca agregaron los resultados al expediente", expresó el abogado Enrique Augusto Zárate, quien impulsó el caso junto a la organización no gubernamental Taller Ecologista.

El letrado explicó que el proceso se tramitó tanto ante el fuero provincial como federal, y desembocó en otra instancia. Fue cuando los demandantes de modo particular convocaron a técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario para que realizaran análisis sobre alimentos adquiridos en comercios habituales. El resultado fue grave: en casi todos se detectó la presencia de agroquímicos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos, que incluso triplicaba o cuadriplicaba las dosis permitidas.

Como idea general y política de salud, los impulsores de los controles destacaron que desde un principio se solicitó y exigió con firmeza, con claro sentido común, que el Estado en sus diferentes niveles haga efectivos los controles sobre frutas, hortalizas y verduras para garantizar que la ciudadanía no ingiera tóxicos y agrotóxicos en particular, los cuales acarrean probados riesgos para la salud.

"Muchos productos han triplicado el nivel de tóxicos permitidos. Algunos de estos tóxicos son disruptores endocrinos, otros mutagénicos, quiere decir que las células mutan al dañarse el ADN, y puede ser el comienzo de un cáncer. Es necesario que sepamos lo que estamos comiendo, y que saquemos los agrotóxicos de la comida", remarcó el abogado.

La resolución judicial que emitió la jueza civil y comercial Nº 13, Verónica Glotieb, en septiembre pasado obliga a los estados provincial y municipal a realizar controles en los mercados de concentración y de productores, así como a informar a la ciudadanía a través de un portal web los resultados hallados y la periodicidad de los testeos.

"Es un paso importantísimo. Es necesario que la población esté informada sobre la calidad de los alimentos que consume y que exija que se hagan los controles", manifestó Zárate, al recordar la resolución emitida el 2 de octubre de 2019 por la jueza Glotieb.

El abogado ambiental también presentó en 2016 un amparo en la Justicia Federal contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) porque no ejercía el debido control de higiene y salubridad de los alimentos, en particular, lo referente a la presencia de agrotóxicos.

El juzgado federal hizo lugar al amparo en 2018, y ordenó al Senasa que haga los controles correspondientes sobre los alimentos que circulan entre las provincias y luego se comercializan en los mercados de Concentración, de Fisherton, y de Productores, en 27 de Febrero y San Nicolás.

Riesgos

Los resultados de los análisis solicitados en 2017 en frutas y verduras mostraron presencia de variados agrotóxicos, como cipermetrina, clorpirifos y dimetoato, entre otros. "Algunos son plaguicidas altamente peligrosos, según la propia identificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo altamente tóxicos para las abejas, para los organismos acuáticos", afirmó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista de Rosario.

La militante ambiental advirtió que el uso de clorpirifos "está prohibido en California (Estados Unidos) y a partir de enero de 2020 también se impondrá la restricción en los países de la Unión Europea (UE) por afectar el desarrollo del cerebro, estar vinculados al autismo, déficit de atención y disminución del coeficiente intelectual".

Implementación

La resolución judicial establece claramente que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) semanalmente deberá recabar los datos de frutas y verduras (cuatro muestras semanales de 4 productos, y un mínimo de 104 en seis meses), en los mercados de Santa Fe y Rosario, para lo cual se celebró un convenio con la Facultad de Química de Santa Fe.

Además, ordena a crear un sitio web para ofrecer toda esta información pública a la ciudadanía, derecho vulnerado hasta el día de hoy.

El acto administrativo (convenio) que el gobierno deberá poner en marcha, fue firmado por la ex ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, y establece un protocolo para realizar las muestras. También podrían imponer sanciones al vendedor si no cuenta con la trazabilidad, que es la documentación oficial de toda la vida de las frutas y verduras que comercializa.

Sobrepasaron los límites permitidos

El abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate destacó el fallo y el proceso que desembocó en acuerdos alcanzados con las autoridades provinciales y municipales, que ahora se ven reflejados en la resolución judicial. “Logramos convenios con la Agencia de Seguridad Alimentaria (Assal) que depende del Ministerio de Salud provincia, lo que desembocó en un acto administrativo que se concretó el 12 de julio cuando se acordaron los principales puntos de los controles”, destacó el profesional. Y agregó que el Ministerio de Salud deberá informar los resultados de los controles cada seis meses.

“Esto se impulsó porque se trata de la salud de la población, quedó demostrado que los productos son muy dañinos, han sobrepasado los límites permitidos. Pero destaco que siempre se transitó en un buen tono con la Assal para llegar a esto, se dieron cuenta de que se trata de algo muy importante para la salud de la ciudadanía”.