La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro a pocos días del inicio de su segundo mandato, mientras se intensifican las presiones internacionales para que se convoque nuevamente a elecciones. El desconocimiento de la legitimidad fue anunciado por el nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien presentó, durante el inicio de sesiones, una hoja de ruta para expulsar a Maduro de la Presidencia, formar un gobierno provisional y convocar elecciones libres. Para ello, exigió al Ejército una intervención militar contra Maduro, quien el 10 de enero jura su cargo para un nuevo período presidencial.

Guaidó expresó el repudio del cuerpo legislativo a las elecciones presidenciales de mayo pasado en las que el gobernante izquierdista logró la reelección, y dijo que a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará "usurpando" la presidencia. "A partir del 10 de enero nos enfrentamos a la ruptura del orden constitucional y la presidencia no se encuentra vacante se encuentra siendo usurpada", afirmó Guaidó, de 35 años, tras asegurar que Venezuela enfrenta una "dictadura sin máscara, sin disimulo, sin filtros".

"Cese de la usurpación"

En su discurso el congresista del partido Voluntad Popular, que dirige el líder encarcelado Leopoldo López, planteó que la solución a la crisis política que enfrenta el país pasa por el "cese de la usurpación" de la presidencia, y sostuvo que se buscará generar condiciones para un "gobierno de transición qué con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las fuerzas armadas, logremos definitivamente elecciones libres y generar la atención a la ayuda humanitaria". En ese sentido, anunció que la Asamblea Nacional asumirá, entre sus primeras acciones, la creación de un órgano de transición para restituir el orden constitucional y para renovar y designar lo que llamó los "poderes usurpados", pero no ofreció detalles. "Hoy está rota la cadena de mando, al no tener un legítimo comandante en jefe que derive de la soberanía popular", argumentó Guaidó en su intervención. Por eso exigió al Ejército "actuar para restituir el orden constitucional" porque considera que es momento de que todos actuemos, incluidos los militares. Así recordó que los militares padecen los mismos problemas que cualquier venezolano. "Llegan a sus casas y la heladera está vacía por falta de comida. Tienen a un familiar enfermo y no pueden curarlo por falta de medicinas. Ustedes mismos enterraron a sus compañeros que fueron víctimas del hampa, de la guerrilla o grupos irregulares a quienes se les entregó nuestra soberanía, pisoteando el uniforme que ustedes representan", argumentó.

Guaidó hizo igualmente un llamamiento a la movilización en las calles. "La libertad de nuestro país sólo podrá alcanzarse si superamos la desesperanza, y retomamos la organización política y social para la movilización y protesta masiva, firme y decidida en todo en el territorio nacional. Estamos claros: la sola movilización de la calle no nos dará la libertad, pero sin presión en las calles lo demás es insuficiente. Retomemos la protesta, que es un derecho constitucional, para conquistar la libertad", advirtió.

En el acto en el Congreso estuvieron presentes más de una veintena de diplomáticos entre ellos el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, y representantes de los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Brasil, Japón y Colombia, entre otros.

El chavismo toma las calles

Por otra parte, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció durante un acto con seguidores que Maduro juramentará el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia, y descartó que el mandatario tome posesión, tal como lo prevé la Constitución, ante el Congreso al que señaló de mantenerse en desacato de las decisiones del Poder Judicial. Cabello dijo que grupos oficialistas tomarán la capital venezolana para instalar campamentos en diferentes puntos en defensa de la Constitución y Maduro. Luego de tres años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechó el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el gobernante.

Presión internacional

La instalación de la nueva directiva se da un día después del duro pronunciamiento que realizó el Grupo de Lima, que integran 14 países de la región, que pidió a Maduro que no asuma el segundo mandato, y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. Trece de los representantes de las cancillerías, con excepción de México, aprobaron un documento en el que reiteran que la elección presidencial del 20 de mayo "carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales", y plantean el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período de Maduro. Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios

Mientras las tensiones internas y externas se intensifican la crisis económica y social continúa profundizándose en Venezuela ante el vertiginoso avance de la hiperinflación que alcanzó los siete dígitos y la paralización del aparato productivo.

"EEUU alienta un golpe de Estado"

El gobierno venezolano desafió al Grupo de Lima, el bloque de 14 países que instó al presidente Nicolás Maduro a no asumir el jueves un nuevo mandato, no sólo con una confirmación oficial de ese acontecimiento sino también adjudicándole intenciones golpistas alentadas por Estados Unidos. La respuesta bolivariana se conoció de boca del canciller Jorge Arreaza, apenas horas después de que los países del Grupo de Lima, con excepción de México,  emitieran una dura declaración en la que anticiparon que desconocerán a Maduro si asume un nuevo mandato.

El gobierno bolivariano calificó de "extravagante" la postura del Grupo de Lima, y remarcó que "contradice los principios de paz, los principios de respeto por los asuntos internos de los países". También denunció que la declaración oficial del bloque se plasmó "después de recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos" a través de una videoconferencia, en la que "se acordó alentar un golpe de Estado en Venezuela, en una iniciativa sin precedentes en la historia de la región".