El gobierno nacional eliminará en 2019 los subsidios a provincias y municipios para el transporte de pasajeros y cada distrito deberá arreglarse como pueda: tendrá que buscar ingresos extras para compensar la quita o pagar el costo político de autorizar subas impopulares.

En Santa Fe, parte de la estrategia del oficialismo local para la primera opción es un proyecto de ley que permitirá juntar unos 900 millones de pesos anuales a través de retoques en varios tributos. Tiene media sanción de Diputados y está en el Senado. Desde el Ejecutivo avisaron: si no se sanciona, el precio del pasaje de los viajes urbanos e interurbanos puede dispararse un 70 por ciento en enero. Ese es el segundo escenario. La Casa Gris matizó el dramatismo con otros remedios que no empatarán los 3.600 millones de pesos, a valores de 2018, que se perderán. Uno es un posible aporte directo de las arcas provinciales equivalente a la mitad del subsidio federal perdido. El otro, una alternativa ecológica pero de efecto marginal y puesta en marcha mediata: migrar el combustible de todos los colectivos desde el gasoil al menos caro biodiésel.

El Frente Progresista acompañó en la Legislatura de Santa Fe la propuesta del diputado justicialista Luis Rubeo y su par socialista Rubén Galassi. Suma dinero al sistema de movilidad con el aumento de tributos sobre sectores que mantienen, o acrecentaron por la devaluación, su rentabilidad en el paisaje recesivo general: los agronegocios y las finanzas. La iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara baja, pero falta el Senado, que recibió la presión de lobby de los “afectados”. Entre ellos, la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los plazos apremian. Quedan dos sesiones ordinarias: las de los jueves 22 y 29 de octubre (el de esta semana es feriado para la administración provincial). Con un tiempo de alargue, si el gobernador Miguel Lifschitz habilita el tratamiento del tema en el período extraordinario.

El texto con la media sanción de Diputados llegó la semana pasada a la Cámara alta pero todavía no ingresó a ninguna comisión para los dictámenes que habilitan su tratamiento en el recinto.

El proyecto impone una suba del 5 al 10 por ciento la parte del impuesto a los Sellos que va al Fondo de Transporte. Suma el incremento del 300 por ciento del Inmobiliario a locales de entidades financieras. Y le agrega lo que aporte un aumento de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,50 para la comercialización de agroquímicos, semillas y fertilizantes, y al 1 por ciento para las cerealeras que excedan un nivel determinado de facturación. Al respecto, el senador por Rosario, Miguel Cappiello, estima que ese combo aportará unos 900 millones de pesos en 2019. El 60 por ciento de ese monto, según la propuesta, servirá para aliviar el transporte interurbano y el 40, al urbano. 

El monto en juego que dejará de aportar la Nación como tributo al Presupuesto con déficit primario cero, a valores de 2018, asciende a 3.600 millones de pesos en lo que respecta a Santa Fe. Es el cálculo del secretario de Transporte provincial, Pablo Jukic. El funcionario advirtió este miércoles el peor escenario: si no se aprueba la ley que engrosa el Fondo de Transporte, los pasajes deberán aumentar un 70 por ciento a partir de enero. Es su cuenta de equilibrio, pero también de colapso: con esos precios de los boletos, muchos se bajarán del sistema y lo volverán insostenible.

Jukic matizó el dramatismo con una novedad: el Ejecutivo estudia si puede aportar la mitad del subsidio nacional retirado. Es un reclamo de vieja data de la oposición justicialista y, con otros argumentos, de Cambiemos. Se traduce, a los montos actuales, en unos 1.800 millones de pesos. Con los 900 de las modificaciones tributarias se llegaría a los 2.700 millones. Un largo trecho resta para empardar los 3.600 que el gobierno nacional dejará de enviar. El resultado: con todo lo anterior, es inevitable un nuevo cimbronazo en el costo de los viajes para los santafesinos.