La Policía Bonaerense detuvo a once integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Bahía Blanca, en un operativo que incluyó 19 allanamientos simultáneos. Entre los apresados, se encuentra Humberto Monteros, máximo referente local del sindicato, a quien le encontraron tres valijas con más de 5 millones de pesos, 100 mil dólares y drogas en su casa de la localidad de Monte Hermoso.

Los gremialistas son investigados por asociación ilícita y extorsión a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Julio Conte Grand, procurador de la provincia de Buenos Aires, informó que se confiscó “una serie de efectos que es la base para la continuidad de la investigación, que tiene como objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de extorsión, que prevé penas de hasta 20 años de prisión para las personas involucradas”.

Desde la conducción de la UOCRA nacional aseguraron que la seccional había sido intervenida el año pasado por Ricardo Rodríguez y las personas detenidas ya no estaban a cargo de la representación gremial.

Monteros es considerado el Pata Medina de Bahía Blanca. Su secretario adjunto, José Burgos, fue denunciado públicamente por Vidal en septiembre, cuando la mandataria lo acusó de frenar las obras de refacción de cuatro rutas en el sur de la provincia de Buenos Aires: "No solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento en un acto que es claramente corrupto; es una mafia".

El fiscal general de Bahía Blanca Juan Pablo Fernández aseguró que en la investigación se determinó que Burgos y Monteros lideraron una asociación ilícita que tenía un modus operandi a través del cual extorsionaban a empresarios de la construcción. "Les exigían que abonen personalmente sumas de dinero o que contraten con empresas de ellos mismos con sobreprecios que les dejaban ganancias inusitadas bajo apercibimiento de paralizar las obras, quemar gomas, hacer asambleas", detalló el funcionario judicial.

"Los reclamos de naturaleza sindical eran excusas que se utilizaban para frenar las obras. Cuando los empresarios pagaban, los reclamos sindicales dejaban de existir. Entonces, no era verdad que existía una reivindicación laboral o el trabajador, lo que se buscaban eran pretextos para sacar dinero en beneficio propio", agregó.