La Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido de salida laboral transitoria solicitada por Gabriel Godoy, uno de los policías implicados en la desaparición de Paula Perassi, que actualmente purga prisión domiciliaria.

El camarista Carlos Carbone hizo lugar a la apelación presentada por la familia de la mujer desaparecida en San Lorenzo, el 18 de septiembre de 2011, cuando salió con la excusa de buscar la tarea de uno de sus hijos y nunca más fue vista.

"Siguen metiéndonos palos en la rueda con cosas como estas (el pedido de la defensa del acusado) para demorar el juicio, que esperamos que sea el próximo año", señaló Alberto Perassi, que además confirmó que aún lleva el chaleco antibalas a modo de protección por amenazas de muerte anónimas que había recibido tras la muerte de su hija.

"Me lo voy a tener que comer (sic) hasta más de mitad de año. Mientras tanto, sigo con custodia personal de la Policía Federal, que me acompaña a todos lados, y la de Prefectura, que está apostada en mi casa", abundó Perassi, quien sigue trabajando como mecánico en San Lorenzo.

Desde que se reveló una oscura trama de crimen seguida de encubrimiento, Alberto Perassi sólo quiere encontrar los restos de su hija, quien mantenía una relación sentimental con el empresario Gabriel Strummia y de quien esperaba un hijo.

"Queremos que esto se termine, quiero conseguir los huesos de mi hija", reiteró Perassi, quien lamentó que, tras seis años desde su desaparición, hasta ahora "nadie quiso hablar ni dice lo que pasó; nadie da una pista, nada".

Mientras tanto, junto a Godoy también se encuentran en la misma situación los expolicias Aldo Gómez y María Galtelli, y dos altos jefes de la fuerza (Jorge Krenz y el exjefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol). A todos se los acusa de "encubrimiento" e "incumplimiento en los deberes de funcionario público".

También se encuentran detenidos los civiles Strummia, su esposa Roxana Michl, Antonio Díaz -exempleado de Strummia- y la partera Mirta Rusñisky, quien habría sometido a Perassi a un aborto. En el caso de Strumia y Díaz pesa una imputación de "homicidio simple", aunque los padres de Paula habían solicitado el cuadro de "violencia de género e institucional".