A poco más de un mes al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, denunció serias irregularidades al interior del organismo. Sostuvo que cuando llegó a la Secretaría se encontró con una estructura “virtualmente paralizada” con gastos exorbitantes. Señaló incluso que la propia presidenta Cristina Fernández le ordenó que de intervención a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). En una entrevista para Télam, Molina definió como “crítico” al panorama administrativo que encontró en la Sedronar, con "gastos de 90 mil pesos en almuerzos en la zona del microcentro porteño y contrataciones irregulares por 800 mil”. Además, señaló la designación “anómala” directores de áreas por “simple resolución del subsecretario, que cobraban sueldos de hasta 27 mil pesos”; y la compra de cámaras de seguridad por 4 millones de pesos. Apuntó además que en 2012 se compró un horno pirolítico, que se utiliza para la quema de drogas, pero hoy “nadie sabe donde está”. Por otro lado, Molina destacó los más de 1.500 expedientes “frenados” en el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre). “Desde 2011 se dejaron de enviar solicitudes a Jueces federales y fiscales para que informen a la Secretaría sobre las causas judiciales por violación de la ley de estupefacientes”, puntualizó el secretario, motivo por el cual se dejó de recibir y procesar información en ese aspecto. Otro signo de inacción en la tarea del organismo está marcado por la falta de actualización de la lista de estupefacientes desde el año 2010. Según explicó Molina, el país quedó expuesto al tráfico de nuevas sustancias que no figuran en los registros oficiales.