La Unidad de Información Financiera (UIF) elaboró un mapa con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos y financiamiento del terrorismo registrados en el país. Se trata de un plano interactivo en el que se detalla la ubicación de comercios o instituciones (son 279 reportes en total), donde se estarían realizando operaciones sospechosas, diferenciados en tres categorías según su grado de riesgo.

Si bien la infografía fue publicado la semana pasada en la página web de la UIF (www.uif.gov.ar), rápidamente fue dado de baja y se negó el acceso público. Según informaron desde la Unidad, la publicación, que daba cuenta de los locales comerciales o instituciones que estaban implicados en alguno de los informes, fue un “error” ya que se trata de “información sensible y de investigaciones en curso”. De todas maneras, lo que sí se pudo confirmar es la cantidad de denuncias registradas en cada una de las provincias. De allí, surge el dato que posiciona a Santa Fe como segunda en el ranking que está encabezado por la provincia de Buenos Aires y que ubica en tercer lugar a la provincia de Córdoba.

De todas maneras, desde la UIF se explicó que la falta de reportes, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que sólo registró tres informes, no necesariamente significa que allí no haya prácticas sospechosas sino que éstas no son denunciadas.

Para responder ante las crecientes sospechas de blanqueo de capitales en la provincia de Santa Fe, y el rol de este tipo de delitos como espina dorsal de las redes de narcotráfico, el gobierno del Frente Progresista creó la Subsecretaría de Delitos Económicos dentro del Ministerio de Seguridad que específicamente trabaja en la investigación y la prevención del lavado de activos.

Del total de denuncias, hay 80 casos que se presentan como los más graves. Estas causas, marcadas en rojo, son en las que la UIF se presenta ante la Justicia federal para aportar las pruebas que se han recabado y que pueden derivar en que la Unidad solicite intervenir en el juicio como querellante.

Por el contrario, los casos verdes, son aquellos en los que los investigadores detectaron que una empresa o una persona está teniendo movimientos económicos que no se condicen con el normal desenvolvimiento. Por ejemplo, cuando se efectúa la compra de algún producto para el cual la persona no tendría ingresos suficientes.

Dentro de estos casos, hay una maniobra frecuente que es la adquisición de vehículos de alta gama, cuando –según los ingresos que tiene declarados o son de estimación pública– no tiene correlación con la posibilidad de efectuar esa compra. En estas condiciones, habría un total de 99 reportes. Ahora, cuando las sospechas se van profundizando y llegan a confirmarse, el caso pasa a ser categorizado con color amarillo. En esta instancia, ya existe 100 casos en el mapa de la UIF.

La UIF recibe estos reportes de parte de entidades bancarias y financieras, que detectan o a las que les son encargadas operaciones sospechosas de acuerdo al origen de los fondos que se utilizan, o según la finalidad con la que se realice la operación. A partir de los reportes, el ente investiga las operaciones y la fuente del dinero para determinar si se encubren actividades de lavado de dinero o financiación de acciones terroristas, y así promueve denuncias preventivas ante la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos y otras dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Es que el término “lavado de dinero” se refiere justamente a dar apariencia lícita al dinero obtenido de manera ilícita. Si bien esa denominación empezó a utilizarse a principios del siglo XX, vinculado a las actividades ilícitas del mafioso estadounidense Al Capone –cuyo producido era convertido en ingresos lícitos a partir de su negocio de lavado y entintado de textiles–, esta modalidad delictiva comenzó siglos atrás.

La economía del narcotráfico
En Santa Fe, el lavado de activos comenzó a recibir particular atención por parte del gobierno provincial. Es que una de las formas de combatir las empresas criminales que operan en el territorio y –en particular– el narcotráfico, es cortar las redes económicas que los grupos narcos han tejido a su alrededor para financiarse y evitar que el flujo de dinero lavado, de actividades ilícitas, ingrese en la economía legal.

Con esa premisa es que el Ministerio de Seguridad comenzó a operar con los colegios profesionales de toda la provincia para elaborar un sistema de colaboración y de alerta temprana ante operaciones dudosas. Esa labor se realiza independientemente de las competencias judiciales, no para entorpecer las investigaciones que puedan llegar a estar en curso en el fuero federal sino para prestar colaboración a partir de información catastral, tributaria y de otros cruzamientos de datos que sean requeridos desde los tribunales. Santa Fe, por lo pronto, es la primera provincia argentina que tiene un área específica en este tema: la Subsecretaría de Delitos Económicos.

La titular de la subsecretaría, Margarita Zabalza, reconoció a Diario UNO que hoy les “interesa mucho” trabajar en la prevención de los delitos económicos porque son situaciones complejas que están invisibilizadas socialmente. Y por eso, se reunieron con los representantes de los colegios de profesionales. El objetivo es marcar la cancha. Hoy es evidente, por lo menos así lo entienden las pesquisas que investigan a grupos narcos en Rosario, que hay profesionales encargados de constituir sociedades, empresas y pagar impuestos de estos emprendimientos con dineros en negro. O sea, en el Ejecutivo esperan un comportamiento más transparente y de acuerdo a las pautas legales y a la ética de abogados, escribanos y contadores. No es una tarea sencilla porque los incentivos económicos son cuantiosos cuando en el medio está el narcotráfico, pero la provincia quiere dar señales fuertes hacia aquellos que están al margen de la ley.

“Detrás del narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y tráfico de seres humanos, el tráfico de bienes culturales, la venta de órganos, el contrabando de bienes, las falsificaciones, los fraudes y estafas, los delitos informáticos y las diversas actividades ilícitas, discurre una trama de actividades comerciales, financieras y económicas que hacen que aproximarse al crimen organizado siguiendo su huella sea altamente positivo para su combate”, indicaron desde la Secretaría de Delitos Complejos, de donde depende la Subsecretaría de Delitos Económicos.

“Por ello –agregaron–, sin perjuicio del daño intrínseco que suponen las actividades ilícitas, la profundización del análisis de su aspecto económico y estudio de los escenarios económicos propicios para el establecimiento del crimen organizado, constituyen una herramienta esencial para generar conocimiento útil para la toma de decisiones policiales”.

También dijeron que “la complejidad del escenario económico promueve la existencia de un número indeterminado de maneras de obtener un beneficio a partir de actividades ilícitas”. Sin embargo, creen que “es necesario contar con un alto grado de sofisticación y conocimiento de las reglas y regulaciones para poder detectar anticipadamente cómo valerse de esto. El esfuerzo estatal debe estar orientado genéricamente a entender cómo funcionan las operaciones o negocios criminales, cómo operan los delincuentes, cómo eligen sus víctimas, cómo disponen de activos y cómo blanquean el producto de los delitos, cuáles son las fortalezas y, sobre todo, cuáles las debilidades de los sistemas y procedimientos empleados por el crimen organizado”, indicaron, y desde ese esquema es que están trabajando en Santa Fe.